El 15 de marzo se inició un nuevo capítulo en la historia amarga de la participación ciudadana en  Morelos. Ese día el congreso estatal, con 27 votos a favor, dos ausencias y un voto en contra, aprobó eliminar de la Constitución del Estado de Morelos el capítulo dedicado a la participación ciudadana, en el cual se describían las formas de participación y los requisitos para ejercerla.
Hace algún tiempo, el congreso ya había eliminado de la Constitución el derecho de los ciudadanos a revocar el mandato de sus autoridades, pero ahora los legisladores desenvainaron la espada y arrasaron también con la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la rendición de cuentas.
Estos mecanismos llevaban casi 20 años incorporados a la constitución estatal. En 1998, los morelenses lograron que la carta magna reconociera el derecho de la sociedad para organizar plebiscitos y someter a votación las decisiones de la autoridad; referéndums, para poner a votación las decisiones legislativas, y también para presentar propuestas de ley a través de   iniciativas populares.   
En la reforma del 15 de marzo pasado, a través del artículo transitorio 8, también se abrogó la Ley de Participación Ciudadana, que había sido publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Liberad” número 5167 del 5 de marzo del 2014, y se promete la promulgación de una nueva ley en la materia en 30 días.
Al derogar los mecanismos de participación ciudadana, su descripción y sus reglas constitucionales, se debilita la participación pues ya no existe una definición clara del significado de cada uno de los mecanismos y los requisitos que deben cumplirse para poder ejercer estos derechos. Además, jurídicamente, se reblandece, pues estos mecanismos ya no se encuentran en la norma máxima que es la Constitución.
 Por si esto fuera poco, los ciudadanos no tenemos ninguna garantía de que los diputados cumplan y legislen en materia de participación ciudadana y que, al hacerlo, no aumenten los requisitos para poder ejercer el derecho a la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, entre otros. Por otro lado, si esta ley simplemente no se aprueba, se habrá creado una laguna legal para el ejercicio de estos derechos en Morelos.
El dictamen de los diputados no expone los motivos por los que decidieron cambiar el texto constitucional y abrogar la ley de participación, al parecer tampoco  existió una iniciativa por parte de algún diputado en la materia. Así que, al desconocerse las razones detrás de esta reforma  constitucional, los legisladores le deben una explicación a la sociedad.
Por ser una reforma constitucional, los ayuntamientos tienen que aprobar o desechar ésta. Así que ahora son los regidores, síndicos y presidentes municipales quienes tienen la última palabra y la posibilidad de defender a la ciudadanía.
Es realmente trágico que, en vez de avanzar, retrocedamos y en lugar de desenredar el nudo que unos y otros han hecho con la participación ciudadana lo sigan enredando. Ojalá los ayuntamientos estén a la altura de las circunstancias y rechacen la pésima decisión de los diputados.
También esperemos que la sociedad se involucre lo suficiente como para defender los derechos ganados. En el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas se dará seguimiento a las votaciones en los municipios, ojalá que la ciudadanía se mantenga alerta.

Por: Vera Sisniega /  www.verasisniega.org

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