compartir en:

Como nunca antes en Morelos, en las últimas semanas se ha hablado mucho de la Auditoría Superior de la Federación, la instancia del Congreso de la Unión especializada en evaluar la utilización del dinero público. De aquí para allá, los diputados y el gobierno del estado utilizan datos de esta institución para señalar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La cosa no estaría mal si los legisladores utilizaran estos señalamientos para exigirle cuentas a todos los involucrados y no solo a la oposición. Por ejemplo, en el 2014, la Auditoría Superior de la Federación le observó 1,158 millones de pesos al gobierno del estado de Morelos.  
De acuerdo con la auditoría, al revisar si el gobierno del estado utilizó correctamente algunos de los recursos federales, encontró que más de mil millones de pesos fueron gastados irregularmente. Esto es aproximadamente el diez por ciento del  presupuesto federal.
No obstante, la auditoría solo fiscaliza una pequeña parte del presupuesto. Si se hubiera auditado el total del recurso quién sabe a cuánto ascenderían las observaciones. En un solo año de gobierno, la cifra de observaciones al gasto federal en Morelos casi iguala las presentadas por la auditoría entre 2011 y 2013 que ascienden a 1,608 millones de pesos.
Además, el ejecutivo morelense se encuentra dentro del grupo deshonesto de 14 gobiernos estatales que han “simulado reintegros”. Es decir, derivado de observaciones por presunto desvío de recursos, el gobierno estatal hizo un depósito, reportó a la auditoría que devolvió el dinero supuestamente mal utilizado, pero, pasado un tiempo, lo retiró de la cuenta.
Por este hecho, la Auditoría Superior de la Federación tiene nueve denuncias penales contra el gobierno del estado.  La suma a la que asciende la simulación de reintegros es de 167.8 millones de pesos.
Hasta mayo del 2016, la auditoría ha presentado 17 denuncias penales contra el gobierno de Morelos, rubro en el que solo es superado por el de Veracruz que tiene 30.  
Las demandas son por distintas formas de desvío de recursos ocurridos entre 2011 y 2013 mientras que todavía no se integran las denuncias por mal ejercicio del presupuesto en el 2014.
El congreso del estado, por lo menos para aparentar imparcialidad, debería de solicitar la destitución de los funcionarios estatales involucrados en estos hechos como lo hace con en el caso de la UAEM. Sin embargo, sabemos que no hará  pues su objetivo no es hacer justicia sino golpear a sus enemigos políticos. La máxima priista “a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos justicia a secas” la encarna el congreso,  ya sin mayoría priista, a la perfección.
Por otro lado, hay que recordar que al congreso estatal no lo supervisa ninguna instancia independiente. El Poder Legislativo gasta sin vigilancia de nadie presupuestos millonarios. Tan solo este año, su presupuesto asciende a 390 millones de pesos.
 Si hay un ámbito en el que urge establecer controles es en el congreso para evitar, por ejemplo, que se hagan modificaciones legales en lo oscurito, como lo hizo esta legislatura en la última sesión del periodo.  
 Entre más se utilice la justicia de manera política, menos legitimidad tendrán las leyes y los gobernantes. Este camino solo ahonda la crisis. A mayor ingobernabilidad menos desarrollo económico y menos seguridad.
Es una pena que quienes deberían fortalecer al Estado de derecho, pateen la legitimidad como un cachivache viejo.

Por: Vera Sisniega /  www.verasisniega.org