Ni duda cabe de que el actual Congreso del Estado es el peor de todos los tiempos; los robos, las traiciones, y desde luego la falta total de capacidad para administrarlo, son ahora las cosas que lo tienen en un auténtico atolladero laboral, ocasionado por un problema político verdaderamente grave.
Antier, a la “inteligente y preparada” presidenta, que no sabe ni cómo presentar los acuerdos, pues su ignorancia supina no le permite ni saber lo que cualquier estudiante de preparatoria podría hacer de manera sencilla, se le ocurrió -ahora que no hay recursos y que el Congreso tiene un déficit grave- dar un aumento del 5.5% a los trabajadores sindicalizados del propio Congreso, quienes se lo merecen ya que ellos ganan miserias en comparación con los atracadores que son los diputados, y lo demás sólo ella se entiende, pues dijo que además diez mil pesos más de despensa y aumento a los que viven fuera de la capital por 250 pesos. ¡Qué bárbara, qué desprendida!, cuando ellos (los diputados) ganan al menos trecientos mil pesos al mes; y en forma por demás rudimentaria dijo que daba gracias al líder sin llamarlo por su nombre. En fin, una muestra más del tipo de funcionarios que no debemos permitir que lleguen a los cargos de elección popular.
El Congreso es un sainete y ahora resulta que una compañía lo demanda por 45 millones de pesos, ya que existe un contrato que –supuestamente- firmó Paco Moreno y, según la información del propio Congreso, falsificó la firma de dos funcionarios para que tuviera valor el contrato. Esto es gravísimo porque se da entre los que supuestamente son los defensores de la legalidad y, además, de manera totalmente extraña nadie sabía de los servicios que prestaba la famosa compañía.
La cosa está tan turbia que mientras en las bancadas del PRI y del PAN sus empleados no cobran, sus diputados votaron en contra de la Reforma Electoral, por lo que el Congreso es un verdadero desorden.
La mano que mece la cuna dentro del Congreso, que es la del líder del PRD, está en todas partes y la presidenta y demás empleados no sirven más que para decir que sí a todo lo que les piden de una manera descarada.
Las determinaciones se hacen de manera totalmente sesgada y los acuerdos empiezan a empantanarse porque la distribución de los recursos, como todos nos hemos dado cuenta, no son parejos: la cúpula gana muchísimo dinero y los diputados normales, que se vieron bien lambiscones, ganan muy poco y, al percatarse de ello, empezaron a recular en lo que a acuerdos se refiere.
La grilla interna está grave, ya que el control no se lo permiten a los que ostentan los cargos y existe más de uno que ya quiere volar a otro partido; los “chapulines” están a la orden del día porque, para desgracia de los morelenses, ellos no piensan en el bienestar del estado ni en sus ciudadanos, sino nada más en el beneficio personal que les espera.
El Congreso es una vergüenza y su conducción es totalmente errónea. Pobre Morelos con esos diputados vendidos. ¿No cree usted?
ACUSAN AL COMISIONADO
Por otra parte, el ex presidente de la asociación de los Abogados Penalistas en Morelos, Christian Fragoso Velázquez, aseguró que el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, en reiteradas ocasiones ha violado el artículo 20 de la Constitución Mexicana, en donde se establece “que toda persona debe ser tratada como inocente, hasta que no se demuestre lo contrario”. Experto en derecho penal, Fragoso Velázquez lamentó que sean las propias autoridades en materia de prevención del delito quienes atenten contra el derecho de “principio de la presunción de inocencia”, ya que al ser exhibidos y mediatizados en las cuentas de Facebook y Twitter los rostros de las personas sospechosas de un delito, con un cintillo color negro en los ojos, se vulnera de manera directa el artículo antes mencionado.
Y  fue muy claro al señalar que, de acuerdo con el Artículo 1º de la Constitución, la autoridad es la obligada a respetar los derechos fundamentales de todo ciudadano; y advertimos que el hecho de estarlos exhibiendo en redes sociales sin haber sido juzgados previamente y sin existir una sentencia condenatoria en su contra, al tratarlos como culpables se vulnera el principio de presunción de inocencia y las autoridades de la CES incurren en graves violaciones a los derechos humanos y fundamentales, por lo que las víctimas podrían promover un juicio de amparo. Realizó una invitación a las autoridades a que sean las primeras en respetar las normas y los derechos fundamentales de las personas, que así como se nos exige a los ciudadanos que respetemos las leyes, ellas sean las primeras que deban de poner el ejemplo. Lo más grave de esto es que lo haga por lucimiento personal, porque es tan malo como funcionario que hay que presumir lo que caiga. ¿No cree usted?

 

Por Teodoro Lavín León

[email protected] / Twitter: @teolavin

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