Con el anuncio de que continuará la revisión de “todas las instalaciones” del Gobierno Estatal para buscar equipos de espionaje, como los encontrados en oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, se estrenó el vocero del Poder Ejecutivo, Francisco Reyes Olvera. Le hizo al 07, pero mal. No dijo qué clase de equipos fueron hallados ni en qué lugar exactamente; tampoco por qué delito o delitos es la carpeta de investigación que asegura fue iniciada, ni detalla las “acciones legales pertinentes que se tomarán”. De la existencia de los dichos equipos no se duda, insinuado hoy que fueron “sembrados” por el gobierno de Graco Ramírez para “monitorear” al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y en otros tiempos descubiertos en oficinas gubernamentales de la nuestra y de otras entidades. Pero la “nota” que dio el todavía o ya ex anunciador oficial del estadio Azteca sería más creíble si hubiese detallado los elementos sustantivos de la noticia: qué, cómo, dónde y cuándo… Pasa que notas como esta y otras suelen parecer las típicas cortinas de humo que tienen por objetivo distraer al público de asuntos más importantes. Ahora mismo, además de la mencionada en la lista de distractores sociales pueden estar estas noticias: Uno: luego de un mes de que la LIV Legislatura inició funciones, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado no ha presentado avances del proceso de entrega-recepción y el plazo de 45 días para promover acciones contra los ex diputados se está agotando, advierte la diputada por Morena, Alejandra Flores Espinoza, que, dicho sea de paso,se ve que no traga al titular de la mesa de marras, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez… Dos: Que la anterior Legislatura dejó una deuda de aproximadamente 150 millones de pesos, por lo que no le pagó a la empresa que construyó la sede del Congreso, en El Vergel, y a trabajadores de ahí mismo, destaca el diputado del Partido Encuentro Social, Andrés Duque Tinoco. Sin embargo, no hace un señalamiento específico. ¿Quién o quiénes son los responsables? ¿Las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste o el ex diputado Francisco Moreno Merino, felices, millonarios e impunes al igual que más que fueron legisladores y funcionarios en otras y en la pasada administración… Es que en el mundo de la política cada quien se maneja según sus intereses. Respectivamente presidentes de la autodenominada Federación Auténtica del Transporte y la Ruta 13 de la zona oriente, Dagoberto Rivera Jaimes y Rodolfo Tiscareño Martínez le hacen caravanas al flamante secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, al cual dicen apoyar para que revoque “todos” los permisos y concesiones que fueron otorgados a partir del proceso de 2014. Lo cual no estaría del todo mal, si no fuera porque la abundancia de taxis y rutas supera a la demanda de los usuarios y lo que admiten buscar Rivera y Tiscareño es la expedición de nuevas concesiones. La anarquía viene de años atrás. Aunque depreciadas, en comparación a lo que valían hace dos sexenios las concesiones de taxis todavía cuestan buen dinero; siguen siendo consideradas un patrimonio que dan para vivir, sobre todo por quienes poseen más de una, entre ellos los llamados líderes del transporte. Esto, pese a que taxis hay de sobra, superada la oferta por la demanda desde mediados de 2006 cuando, a poco de dejar la gubernatura, Sergio Estrada Cajigal no sólo emitió casi 4 mil concesiones, también decretó la metropolización del servicio de taxis para que los permisos de Xochitepec, Temixco, Zapata y Jiutepec costaran lo mismo que los de Cuernavaca y poder desde entonces circular en la capital los ruleteros de los municipios conurbados. Más atrás, durante el gobierno 1988-94 de Antonio Riva Palacio ya habían sido autorizadas unas veinticinco mil concesiones, de taxis y rutas la gran mayoría y las menos de servicio de carga. Pero para entonces esta historia ya databa desde inicios de los ochenta. La generación actual de operadores de microbuses “ruteros” no había nacido cuando el entonces gobernador Lauro Ortega Martínez creó el sistema de transporte colectivo al que rápidamente los usuarios bautizaron como “rutas”, sorteadas unas setecientas concesiones a choferes y permisionarios de taxis por medio de una rifa efectuada en 1987 en el entonces Cine Ocampo y posteriormente Teatro de la Ciudad. Hoy día, equivalentes al aproximado de un millón 200 mil personas, el 75% de la población de Morelos se transporta en 25 mil rutas concesionadas (¿más cuantas “piratas”?) que se desplazan en el territorio estatal… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán