La creación de esos municipios es una de las farsas que se agregan a la lista de las estafas del sexenio anterior. Los Municipios Indígenas, que si bien tienen derecho a ser municipios independientes, la verdad es que se crearon como una farsa política y no con ganas de ayudar a la población indígena.
El chiste fue hacerse ver como democráticos los elementos del gobierno y hacer creer que estaban pendientes de los pueblos indígenas, que no sólo habían estado abandonados todo el sexenio, sino que además estaban totalmente abandonados. Solo fue una farsa más de la pasada administración.
El resultado es que ahora la situación de los municipios indígenas es verdaderamente grave, pues no tienen recursos, ni siquiera los mínimos que necesitan para sobrevivir, y desde luego todo mundo finge demencia; el gobierno actual los ha tratado de ayudar, pero la carencia de presupuesto es verdaderamente grave y, mire usted, hasta el propio Tribuna Electoral lo reconoce.
Los municipios indígenas, a los que se les han negado los recursos para su administración, podrían demandar a través de actos jurídicos, reconoció el Magistrado del Tribunal Estatal Electoral Óscar Puig Hernández, quien explicó que el reclamo por la falta de recursos monetarios es normal, ya que éstos deben estar destinados para su operatividad. Sin embargo, reconoció que, hasta el momento, en este órgano colegiado no se ha presentado querella alguna. Porque, por desgracia, la falta de información y experiencia en estos municipios es una constante, los que los dirigen son ciudadanos comunes y corrientes que no tienen preparación para el cargo, sólo son buenos ciudadanos escogidos por sus propios paisanos que tienen la mejor de las voluntades; así que valdría la pena que las asociaciones de abogados -que son muchas en la entidad- les dieran unas clases y los asesoraran acerca de cómo pueden conseguir recursos para salir adelante. Como podemos darnos cuenta, el magistrado está siendo muy claro y les está abriendo una puerta importante, ya que el tener la oportunidad de exigir los recursos que les faltan es salvarlos del abandono y, sobre todo, de la falta de medios financieros.
El gobierno tiene programas prioritarios en los que los puede agregar, y así hacerles más fácil el inicio de ésta su primera incursión en el mundo de la política.
Fue el propio magistrado el que se pronunció a favor del reconocimiento al derecho que tienen las comunidades indígenas a sus usos y costumbres y auto determinación; además, recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que somos una nación pluriétnica, lo que significa que antes de que llegaran los españoles en el llamado “encuentro de los dos mundos”, existían sociedades organizadas y muy bien organizadas, ya que el mundo de Mesoamérica hasta la fecha sigue teniendo la admiración de quien conoce y estudia los alcances que las civilizaciones prehispánicas tuvieron.
Más adelante explicó el Magistrado que, en su caso, ellos elegían a sus autoridades por sus usos y costumbres que se tienen que respetar, y los cambios legislativos que se reflejan en las constituciones locales se tienen que cumplir; por ello es que están en condiciones con estos cambios de reclamar los recursos económicos para operar de acuerdo a las nuevas formas, así como solucionar conflictos territoriales, como en el caso entre Xoxocotla y Puente de Ixtla.
Indicó que en el caso del Tribunal Estatal Electoral no les tienen que informar si ya se les hizo entrega de los recursos, aunque aclaró que es un organismo abierto a la atención y quejas de este tipo; en tanto, agregó que el papel de los consejos indígenas cambiará su figura jurídica y autónoma hasta el momento de la elección de lo que serán los primeros ayuntamientos indígenas.
Por lo tanto, precisó que estarían en condiciones de intervenir en caso de que se presente alguna demanda sobre el particular, pero reiteró que no han recurrido ante los magistrados electorales, que de cierta manera tienen injerencia, siempre y cuando se cuiden y atiendan las formas. Como nos podemos dar cuenta, lo que les falta a estos incipientes Consejos Municipales es asesoría y, desde luego, que el gobierno aplique un mayor número no sólo de recursos, sino de los programas de bienestar que tiene el gobierno federal, por lo que éstos deberían de ser la base para el funcionamiento de esos consejos.
Óscar Puig Hernández dijo que el Tribunal Estatal Electoral es una instancia jurisdiccional, y en tanto no exista alguna queja de un ciudadano, partido político o autoridad municipal, no podrán intervenir en el caso de la queja recurrente sobre la falta de dinero por parte de estos municipios, que se rigen por un consejo ciudadano.
Así que esperemos que al menos una autoridad se ponga las pilas y salga a apoyar a estas autoridades, que no tienen la culpa de que no estén constituidas como ayuntamientos. ¿Quién tendrá el valor de hacerlo? Veremos. ¿No cree usted?
Teodorio Lavin León
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