¿Ha nacido muerta la disposición de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, de que el año que viene los automovilistas con placas de Morelos no podrán circular en la Ciudad de México los martes, miércoles y jueves entre las seis y las diez de la mañana? Sí. En primer lugar, porque puede ser neutralizada por medio de amparos, a partir del argumento irrebatible de que violaría el derecho constitucional de las personas al libre tránsito, y en segundo, pero no menos importante, debido a que afectaría gravemente la economía así como los derechos del ser humano al trabajo y al estudio, de docenas de miles de morelenses, por no decir cientos de miles, que de lunes a sábado se trasladan a la Ciudad de México. Además, porque no estamos mancos y, si de un discurso dicho por algún político demagogo se tratara, diríase que si en 1812 rompimos el cerco de Cuautla hoy podemos brincar el sitio chilango. Todo lo cual no evitará que llegado el momento Cuauhtémoc Blanco y Claudia Sheinbaum se den un “tirito”, políticamente hablando, vaya, pero desde ya en los medios. Por lo demás, si el pretexto para el apretón son los vehículos de alta gama –Mercedes, BMW, Audi, etc.– y precios estratosféricos cuyos dueños radican en la CDMX pero, para no pagar tenencias, sacaron placas en Morelos, hoy que ya no están los de antes en la Secretaría de Movilidad y Transporte que no se repita la transa y listo… El problema tiene que ver con los verificentros. En ninguna entidad donde los automotores son sometidos a la verificación “ecológica”, el servicio es tan malo como en Morelos. O sea los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México que conforman la dicha Comisión Ambiental de la Megalópolis. En términos de servicio, aquí los verificentros han sido un fiasco, malo y caro, 500 pesos contra 230 de hace cuatro años. Monopolizado el contrato de concesión y ya sin la intervención de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), como sucedió por años, los centros de verificación pertenecen a una sola, dos o tres empresas, no cuarenta y tantas como ocurrió por décadas. “Lo cual desde el inicio de la asignación del contrato suscitó sospechas de corrupción, que prevalecen”, señalaba ya el columnista en diciembre de 2017. Hoy, en el contexto del cambio relativamente reciente del Gobierno Estatal la situación no ha cambiado. Abundan las quejas de automovilistas, porque, aparte de oneroso, el trámite es insoportablemente lento, y más que malo el servicio de los centros de verificación automotriz ha sido pésimo. ¿Quién o quiénes son los dueños de los verificentros? Propietario de uno de los que desaparecieron cuatro años atrás, las consideraciones del empresario cuautlense Jesús Becerril Acosta resultan vigentes. Advirtió: “1.–El hecho de cerrar 41 v¬erificentros, decretar la apertura de sólo 12 y que funcionen 8, fue a todas luces crear un monopolio, lo cual está prohibido por la Constitución Política Mexicana. 2.–Todos los verificentros que están funcionando se encuentra a nombre de empresas o personas morales (S.A.) porque es una forma de ocultar su perversidad y la titularidad de los mismos. Son (¿o eran?) de Jorge Kahwagi Macari (empresario y político) y de Rodrigo Gayosso Cepeda, lo que es ilegal, y además, funcionan con irregularidades. 3.–Las supuestas razones por las que cerraron los 41 verificentros fue por falta de tecnología, el OBDII ¿y corrupción? Sólo habrá que ver de qué lado está (la autoridad). ¿Cuándo han visto a flotillas de vehículos de empresas o cadenas comerciales formados en alguno de los actuales VFs, o de autos oficiales del gobierno o taxis, combis o micros. ¡Nunca! ¿No las realizan o quién está “paqueteando”? ¿Eso no es corrupción? 4.–Para otorgar una concesión, se determinó que se debía cumplir una serie de requisitos, entre ellos, tener un terreno con una superficie determinada (1,000 M2.) y en los municipios previamente seleccionados donde no hubiese existido ya otro VFs de los clausurados”... No por nada, en octubre de 2018 el secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno del “Cuau”, Constantino Maldonado Krinis, reprochó el desmantelamiento de los verificentros. Declaró: “dejaron sin dinero y sin equipo los centros de verificación vehicular, nos dejaron un desastre, nos dejaron sin dinero, sin equipo, lo cual es un tema muy serio, por lo que habrá auditorías como lo dijo el Gobernador”. ¿Pero después qué pasó? Nada, todo siguió igual… (Me leen el lunes).
José Manuel Pérez Durán
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