Por los notas de medios sobre la denuncia de hechos, anteayer en la Procuraduría General de la República, contra el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, su esposa Elena Cepeda de León, su hijo Rodrigo Gayosso Cepeda así como el notario público y ex secretario de Administración, Alberto Barona Lavín, fue como la gente de Morelos y de muchas entidades más se enteró de que el gobierno del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo los acusa de los delitos de delincuencia organizada, evasión fiscal y operación con recursos financieros de procedencia ilícita para la compra de bienes inmuebles en Cuernavaca por un monto de 22 millones de pesos. Una suma de risa comprada con la billetiza que ha venido manejando el rumor político. Esto por un lado, y por otro, señalados en los mentideros políticos de haber perpetrado un saqueo de varios cientos de millones de pesos en la anterior Legislatura local, ¿las casas de los ex diputados Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta están entre los domicilios de ex legisladores que han cateado agentes de la Fiscalía General buscando documentos, muebles, pinturas y otros objetos de valor presuntamente “perdidos” en la ex sede de Matamoros o en la actual del Vergel? De la manera que resulte, la especulación no sólo alcanza a los posibles responsables, ex diputados o ex funcionarios administrativos; la “quemada” social abarca a todos, inocentes o culpables, que, estigmatizados como corruptos, así se los echará en la cara el populacho si candidatos a lo que sea pretenden ser en futuras elecciones… RAFAEL Reyes, de Jiutepec, es de los pocos alcaldes a los que desde ahora la gente y la política citan como probable candidato de Morena a diputado federal en los comicios de 2024. La razón: una combinación difícil de poner en práctica: desplegar una administración eficaz ya la vez apreciada por la sociedad. Al contrario de la costumbre inveterada de entrar al cargo y enseguida aumentar costos por servicios, el proyecto de ingresos de “Rafa” Reyes rebaja varios conceptos como las multas del alcoholímetro, el arrastre de la grúa y el corralón, por ahora al cincuenta por ciento y quizá cifras menores andando el tiempo, cuatro mil pesos e incluso menos en lugar de nueve mil. Manejado históricamente por los presidentes municipales con un propósito groseramente recaudador y no con el objetivo de salud pública buscando inhibir el consumo de bebidas espirituosas, con las “mordidas” del alcoholímetro se enriquecieron más de un alcalde. Copiado del ex Distrito Federal por Miguel Ángel Rabadán, en Jiutepec al programa Conduce sin Alcohol lo caracterizaron los abusos y la rapiña. Arbitrariamente elevadas las sanciones, se prestaban para las tarascadas en la base policíaca donde los infractores preferían “mocharse” con dos o tres mil pesos por abajo de la mesa que pagar por arriba seis mil o más. Cuernavaca lleva años esperándolo, veintiséis a partir de 2003 cuando el susodicho programa fue implementado en la ahora Ciudad de México y pronto demostró que evita accidentes automotrices de conductores pasados de copas. Para el 2011, en la gran capital el alcoholímetro ya había sacado de circulación a 90 mil conductores ebrios, muchos de los cuales probablemente se salvaron de perder la vida o de quedar lisiados en accidentes de tránsito vinculados a la ingesta de alcohol. De acuerdo con estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, en 2006 México ocupaba el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito ligadas al consumo excesivo de alcohol, de modo que fallecían aproximadamente 24 mil personas al año por accidentes de tránsito y 55 cada día. Seis años más tarde, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CNPD) señaló que la principal causa de muerte entre los jóvenes seguían siendo los accidentes automovilísticos, y que en estos hechos el 50% involucraba la ingesta de bebidas alcohólicas. El CNPD destacó el costo anual promedio de los accidentes: 120 millones de pesos, aunque en ocasiones la cifra se disparaba; subrayó que los accidentes de tránsito representaban la cuarta causa de muerte en nuestro país y que los principales efectos que los provocan podían ser evitadas en un 90%, como el exceso de velocidad, el consumo etílico o drogas, no respetar los señalamientos, no usar el cinturón de seguridad así como portar un objeto en las manos. Todo lo cual no ha cambiado mucho pero no está de más enfatizar. Según estudios coincidentes, si no existiera el alcoholímetro en la CDMX y en otras entidades del país la cifra de decesos sería un setenta por ciento más... (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán