México.- El Plan de Atención de Reparación a las Víctimas de la Guerra Sucia, presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), responde a lo propuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 26/2001.

Por lo mismo, el organismo nacional externó su satisfacción con dicho plan, el cual también responde las propuestas del Informe Especial Sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, realizado por la CNDH y presentado en abril de 2017.

En un comunicado, la CNDH aseguró que dicho plan atiende la propuesta de reparación del daño que abarca a las víctimas de la Guerra Sucia y también a las que deriven de informes o resoluciones emitidas por organismos públicos de protección de derechos humanos nacionales e internacionales.

Al valorar el avance de dicho plan, el organismo estableció que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las víctimas de desaparición y sus familias.

Y ésta “no será saldada mientras las autoridades de los tres órdenes de gobierno incumplan su obligación básica y fundamental de garantizar condiciones mínimas de seguridad para la convivencia pacífica”, subrayó.

Al respecto, el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, expuso que la impunidad en esos casos generó condiciones para que delitos tan graves como la desaparición forzada se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición.

Tal es el caso de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que visibilizaron cómo se agudizó en los últimos años esa práctica, que motivó la emisión de la Recomendación 15 VG.

Durante la presentación del plan, recordó que dicha recomendación fue dirigida al entonces presidente de la República, y en ella se concluyó que servidores públicos de diversas dependencias del Estado mexicano intervinieron en la desaparición forzada de personas.

En las recomendaciones específicas se pidió al entonces presidente de la República asumir el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en un marco de respeto a los derechos humanos para evitar la repetición de esos hechos.

Asimismo, instruir al entonces procurador general de la República para designar un fiscal especial que asumiera la investigación y persecución, en su caso, de los delitos que pudieran desprenderse de los hechos contenidos en la recomendación.

El primer visitador general de la CNDH afirmó que a más de un año de emitida la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las disposiciones de dicho ordenamiento aún no son plenamente vigentes.

Ello se debe a que se requiere voluntad política de las instancias de gobierno para materializar su contenido y que se refleje en la profesionalización de los actores encargados de aplicarla, la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos.

Además, se necesita que la Comisión Nacional de Búsqueda, sus homólogas de las entidades federativas, las fiscalías especializadas y áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente con sus funciones, puntualizó la CNDH.

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