Apenas la semana pasada comentábamos en este espacio, sobre la necesidad de un nuevo inicio en las relaciones de respeto y colaboración entre el Gobierno morelense y nuestro congreso local.
Apuntábamos, que un falso debate iniciado con una serie de descalificaciones mediáticas, estaba entrampando, entre otras cuestiones, la aprobación del Paquete Económico 2019 para el estado de Morelos.
Finalmente, el Congreso morelense liderado por una mayoría del Partido Morena, aprobó un Presupuesto de Egresos 2019, haciendo modificaciones de fondo al enviado en tiempo y forma, por su abanderado partidario, el Gobernador Blanco; estos sucesos mostraron ya sea una nula coordinación de esfuerzos, inoperancia política o rupturas entre grupos; cualquiera que sea su conclusión, en resumidas cuentas, el congreso no le aprobó el paquete económico y el Gobernador, según versiones, hará observaciones (facultad de veto) a lo que los diputados le aprobaron sin su consentimiento.
¿Qué pasa entonces frente a esta crisis de acuerdos? Efectivamente, el artículo 49 de la Constitución morelense faculta al Gobernador Blanco a observar en todo o en parte, lo aprobado por los diputados y estos están obligados a volverlo a discutir de nuevo, pudiendo aceptar los cambios del Gobernador o si se mantuviera la negativa y fuese aprobado por las dos terceras partes de la totalidad de los diputados, el Decreto volvería al Gobernador para su publicación. Será cosa de votos.
Como vemos, estas semanas la discusión del tema ha sido superficial, ya que a pesar de ser nota estatal, no hemos podido ver un debate de fondo sobre el paquete económico y de forma sobre las repercusiones de este nulo entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo morelense.
Por ejemplo, dentro del paquete económico viene contemplado un reemplacamiento el cual es incierto a cargo de quién estará el costo del mismo y si se tendrán que pagar nuevos derechos por reemplacar. Solo por abordar uno de los asuntos de fondo.
Paralelamente a esta tensión entre poderes, los nuevos presidentes municipales tienen como fecha límite, 10 días para presentar su Iniciativa de Ley de Ingresos 2019 y los diputados tendrán hasta el 28 de febrero para aprobarles a los ayuntamientos, dichos instrumentos; entonces, se están acumulando procesos jurídico-políticos que tienen que transitar por diferentes vías, pero al mismo tiempo, con la inteligencia de cuadrar los montos y ser sumamente eficientes en cómo se va a contar con leyes de ingresos y presupuestos que pueda ser productivos y congruentes, sin que se dupliquen erogaciones o peor aún, que los recursos se dilapiden en ocurrencias de grupos.
Sería importante exhortar a nuestros legisladores dieran un debate de mayor altura y nos precisen los argumentos del porqué su aprobación o porqué su rechazo al paquete económico enviado. También, es fundamental que los funcionarios del gobierno estatal nos den elementos de varios aspectos contenidos en su propuesta recién rechazada por los diputados.
Recordemos, es imperativo dejar atrás los agravios, egos o revanchas; en nada aporta un debate donde no se plantean los temas de fondo y sólo se usa la descalificación que esa si trae como saldo el desconcierto.
Que se debata con mayor difusión y transparencia; que se nos diga con claridad qué pasaría de aprobarse de una forma u otra; pero que se debata reestableciendo un diálogo de altura, comprensible y productivo donde se sumen las voces de expertos, empresarios y académicos, que hasta ahora han estado al margen de cualquier participación. ¡Ánimo! que ya es martes.
Por: Guillermo Amerena Betancourt