En los primeros días de diciembre pasado, pobladores de Huexca anunciaron que le pedirían al presidente Andrés Manuel López Obrador la cancelación del proyecto de la planta de gas natural de Huexca. Pero luego vino AMLO y no se supo de alguna comisión de Huexca que lo hubiese abordado. Regresó el sábado anterior a Morelos, para declarar en la vieja Villa de Ayala a 2019 como el año de Emiliano Zapata, ahí, muy cerquita de Anenecuilco, la tierra natal del caudillo suriano, cuyo nieto Jorge Zapata le pidió que cancele el funcionamiento de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Que lo es ciertamente de la paraestatal, pero concesionada a una o más empresas españolas. Esta historia viene de ocho años atrás, soslayado en los dimes y diretes el detalle no menor de quién o quiénes son los inversionistas de esas instalaciones planeadas para generar y vender electricidad. Abundando datos publicado pero dejados de lado por la conveniencia de voceros oficialistas, hasta donde el columnista puede saber los grupos Abengoa y Elecnor –ganadores de la licitación de la CFE para construir la termoeléctrica– tienen experiencia en esos negocios. Esta historia data de ocho años. En diciembre de 2011, el grupo español de ingeniería y energía Abengoa informó oficialmente sobre su plan de construir una central eléctrica en Morelos por 440 millones de dólares. Se precisó que el proyecto de ingeniería y construcción de esta central de 640 megavatios de potencia formará parte de Proyecto Integral Morelos en la localidad de Huexca. “Llave en mano”, responsable del proyecto quedó encargada la trasnacional Abengoa tanto para la construcción de la planta como de la ingeniería del desarrollo integral. Surgieron entonces las primeras cuestiones de las muchas que evidenciaba el galimatías: ¿serían técnicos mexicanos de la CFE o españoles de Bengoa quienes construirían y manejarían la planta? ¿A cuántos morelenses tenían contemplados en la fase de construcción y de operación? De acuerdo a un documento de la empresa, “la nueva planta de generación eléctrica entraría en operaciones en 24 meses y formaría parte del plan con el que el gobierno mexicano desarrolla infraestructuras en la región central del país”. Es decir, la susodicha productora de electricidad comenzaría a producirla por allá de mediados o finales de 2014. Pero no, tan comprensible como machacona hasta ahora la resistencia de ejidatarios de la región a que el proyecto engulla el agua del río Cuautla. De acuerdo a la propaganda de Abengoa, “la central desarrollada será una de las más innovadoras y avanzadas de México y, una vez en operación, será capaz de generar la energía suficiente para abastecer a más de 280,000 hogares”. Presumió que daría más de 700 nuevos puestos de trabajo en la zona durante la fase de construcción. “Este proyecto representa una nueva muestra de confianza de CFE en nuestras capacidades de desarrollar de manera integral proyectos de grandes infraestructuras energéticas”, alardeó un optimista y risueño consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez. Pero del impacto ambiental nadie de los gobiernos de Enrique Peña y de Graco Ramírez nadie se acordó. Originalmente llamada Electrificaciones del Norte, es la otra empresa asociada, Elecnor, igualmente española, dedicada a la ingeniería y fundada en Bilbao el 6 de junio de 1958 por un grupo de familias que la siguen controlando por medio de la sociedad Cantiles XXI. Según cifras de 2012, tenía representación en 20 países y daba trabajo a 10,000 empleados, constituido el consorcio por cuatro empresas en sus principales áreas de negocios: Elecnor Infraestructuras, Elecnor Renovables, Elecnor Concesiones y Elecnor Deimos. Hasta ahí. Falta aún saber nombres de los inversionistas españoles –y presuntos socios totonacas emboscados– que se beneficiarán con la concesión de la producción de electricidad en esta parte de México. Elecnor, encargada de construir el gasoducto que atravesará los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, señaló que en su primera etapa recorrería 160 kilómetros, afectando 2 mil propiedades de 77 ejidos de 22 comunidades. Pero si de eso alardeaba seis años atrás, ¿hoy lo permitirá el nuevo gobierno de López Obrador? Enfrascado en su lucha contra los huachicoleros –los minoristas que ordeñan los ductos y los mayoristas de Pemex que apenas empiezan a caer– el sábado pasado AMLO pidió un mes para pensar su decisión sobre la termoeléctrica de Huexca. Pero las opciones no se ven fáciles. El cierre no, porque ahí hay una inversión pública de 20 mil millones de pesos, y probablemente tampoco la expropiación, pues ello ahuyentaría capitales españoles instalados ya en México. ¿Entonces?.. (Tras la mitad de mis vacaciones anuales, me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán