Las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la primera institución determinando suspender la recientemente aprobada Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que redacta, entre otros aspectos que ningún funcionario pudiera ganar más que el Presidente de la República y en el caso del Tribunal Electoral, la dividida votación de Cuatro magistrados por la validez y tres en contra, resolviendo así el triunfo de la elección a Gobernador en Puebla para la candidata del PAN, ambas han desencadenado una preocupante pero real crisis declarativa o mediática entre los tres poderes.
La catalogamos como “crisis” porque si bien las resoluciones de la SCJN y del TEPJF son de última instancia e inatacables por quienes tienen derecho en un momento procesal para así hacerlo; sin llevar este análisis al fondo de las determinaciones, lo que si genera un despropósito es observar calificativos en la prensa y en redes sociales que llegan hasta la ofensa personal, en contra de Ministros de la Corte y de Magistrados del Tribunal Electoral.
Reacciones agresivas, que no abonan en lo más mínimo en la siempre necesaria mesura que debe prevalecer para que exista respeto en las esferas competenciales de cada uno de los tres poderes, pero a su vez también mina la estrecha colaboración entre los mismos, ya que en diversas facultades de los Poderes de la Unión se comparten acciones que deben ser concertadas entre los titulares de los mismos para que el ya de por sí complejo engranaje constitucional, pueda funcionar de la manera correcta y siendo así, que la cadena de creación de leyes, su aplicación e interpretación judicial lleve la auténtica intención de servir a los ciudadanos.
Siendo la SCJN y el TEPJF, órganos constitucionales autónomos, dependientes del Poder Judicial, es prioritario cuidar los equilibrios; que se les hagan campañas de odio cuando sus resoluciones no le sean favorables a los intereses del gobierno en turno no es una buena señal de inicio; las mayorías legislativas y funcionarios del Gobierno de México, más que seguir actuando como un movimiento político, debieran cuidar las instituciones y no entrar en una dinámica de desgaste, llegando a amenazar la permanencia de los jueces o atacarlos por los salarios que perciben.
Nadie podría decir, que se esta en desacuerdo que el Poder Judicial tenga una reforma de fondo que ha estado pendiente desde la década de los 90, pero así no, por favor.
Si verdaderamente se quiere concertar una reforma al Poder Judicial de la Federación, que se procese pero no bajo una pluma emocional que vislumbre riesgos de romper un principio de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión.
Hay un sin número de aspectos que deben mejorarse en la impartición de justicia en este país, pero no se va a llegar a ninguna buena reforma si no se hace de la mano del Consejo de la Judicatura Federal, de gente de la SCJN y del TEPJF que puedan aportar experiencias para realizar de mejor manera su función.
No es quitando jueces para imponer los que sean incondicionales como se arreglarán los retrasos en la reforma judicial; no será por el camino de reducirles los salarios, como tendremos calidad en la impartición de justicia; siendo que éstas sean las verdaderas razones y no el sentido de sus resoluciones lo que está motivando que el tema comience a tomar fuerza.
Bienvenida la reforma judicial, pero nunca para someter a un poder sobre otro; la tentación de cooptar un poder desde otro, podría ser otro pésimo mensaje de México al concierto internacional.
Reformar si, mediante el entendimiento; nunca por venganza y movidos por el linchamiento.
Por: Guillermo Amerena Betancourt