Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste presidieron la Mesa Directiva de la antepasada Legislatura estatal. Las dos han sido señaladas como presuntas responsables de un desvío millonario de dinero del Congreso de Estado. En diciembre de 2019, las notas de medios referentes a Hortencia mencionaron diez millones de pesos como la cifra que fue descontada a los trabajadores del Congreso pero que no ingresó al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Estado de Morelos (ICTEM). Pero si la suma se antoja ridícula, el verdadero monto fue conocido por los integrantes de la Legislatura anterior que de manera sospechosa acabaron callando. Abundante la lista de presuntos cómplices por omisión, han hecho como que la virgen les habla, siguen el dicho popular de lo caído, caído, mientras las (¿y los?) posibles responsables acatan la regla del borracho que primero muerto antes de regresar la copa… En agosto de 2019 a Beatriz Vicera Alatriste se le ordenó que cada 15 días acudiera a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares, después de que por faltar una vez había sido declarada sustraída de la acción de la justicia. También le fue prohibido acercarse a los “diputados denunciantes” y a los testigos, y tampoco debería apersonarse en las instalaciones del Congreso y del ICTEM. Por si intentara fugarse, la Fiscalía de Estado emitió una alerta migratoria para impedir que saliera del país, huir, pelarse, poner tierra de por medio, pues. Esto y más sucedió en la audiencia de imputación de la causa penal JC/323/2019 versus la ex perredista y ex priista Vicera, publicitada de manera penosa cuando quedó formalmente imputada del delito de peculado por más 23 millones de pesos destinados al ICTEM por cuotas de trabajadores del Legislativo morelense que, se especuló entonces, al parecer acabaron en cuentas de empresas fantasmas. Se diría después: tipo el escándalo de transas Pandora Papers que hoy se encuentra soterrado pero no prescrito, para preocupación del español que todavía es funcionario estatal.

Pero si todo eso y más sucedió hace meses, poco después Francisco Erick Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, anunció que los nuevos diputados citarían al fiscal especial en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, para que les rindiera cuentas. Esto debido a la falta de resultados en las investigaciones que se iniciaron en contra de las dos ex diputadas de la LIII Legislatura por un presunto mal uso de recursos públicos. El diputado Sánchez recordó que durante la pasada Legislatura se promovieron sendas denuncias en contra de Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera, luego de que ambas presidieron la Mesa Directiva y fueron señaladas como probables responsables de un peculado por cerca de 90 millones de pesos. Hoy que hay más peguntas que respuestas, ¿qué pasó con las imputadas?, ¿aún están en Morelos, ¿se hallan prófugas?, ¿cuál es el estado que guarda el expediente?, ¿fueron absueltas? Se supone que el fiscal Salazar debe contar todo lo que sabe a los actuales diputados. Otra cosa es el escepticismo de la gente común que teme que la política imponga nuevamente la impunidad... (Me leen después).

Por: José Manuel Pérez Durán

jmperezduran@hotmail.com 

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