Al demostrarse durante el proceso la responsabilidad Víctor Manuel “N” y José David “N”, en el delito de extorsión, ambos renunciaron a su derecho a juicio oral y aceptaron ser responsables de haber extorsionado al propietario de una taquería en Cuernavaca, por lo que se dictó en su contra una sentencia condenatoria.
Los hechos se suscitaron en el mes de junio del año 2018, cuando la víctima, propietario de una taquería en Cuernavaca, comenzó a recibir, por parte de presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, la exigencia de la entrega de una suma de dinero como derecho de piso, a cambio de no causarle daño; acudiendo el afectado ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, en donde realizó su denuncia.
En respuesta a lo anterior, se activaron los protocolos correspondientes, dando intervención a la Policía de Investigación Criminal de UECS, quien días después, realizó un despliegue táctico en las inmediaciones del mercado “Adolfo López Mateos”, ubicado en la colonia Centro del municipio de Cuernavaca, que culminó con la detención en flagrancia de Víctor Manuel y José David, luego de haber acudido a cobrar el producto de la extorsión.
Ambos detenidos fueron sometidos a control judicial, y en su proceso penal se calificó de legal su detención, se les formuló imputación, agotó la investigación complementaria y se presentó formal acusación, exponiéndose los medios de prueba con los que se acredita su responsabilidad penal.
Ante la acusación planteada por el Agente del Ministerio Público Especializado, Víctor Manuel y José David renunciaron a su derecho a juicio oral y admitieron su responsabilidad penal en la extorsión que se les atribuyó, sujetándose a un procedimiento abreviado como forma anticipada de conclusión del proceso.
Consecuentemente, el Juez de Control determinó imponer a José David una pena de prisión de 6 años y 8 meses, y a Víctor Manuel una sentencia de 3 años; condenándolos también al pago de la reparación del daño en favor de la víctima.
La Fiscalía General del Estado de Morelos, refuerza las acciones de atención para el combate a la impunidad, a través del trabajo desarrollado por las Fiscalías regionales y especializadas, para garantizar el acceso a la procuración de justicia a las víctimas en la entidad.