RECIÉN EL Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) suscribió un convenio de trabajo conjunto con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). 

Un mes antes, el mismo Impepac firmó un documento relacionado con el Tribunal Estatal Electoral de Morelos, ambos en concordancia con disposiciones de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, del INE. 

No extrañaría que haya algunos otros instrumentos de similar índole que procuran erradicar la violencia entre personas, señaladamente contra las mujeres, lo que en tiempos electorales ha de ser valioso. 

LA ESENCIA de la mencionada Ley 3 de 3 en este ámbito particular consiste en erradicar o, al menos, reducir a su mínima expresión la probabilidad de que sean electos quienes cometen conductas violentas. 

Los objetivos principales son: A) Violencia familiar o doméstica, B) Delitos en contra de la libertad sexual o la intimidad corporal, y C) A quienes estén registrados como deudores de una pensión alimentaria. 

Llevado lo anterior al proceso electoral que tendrá su jornada cumbre el 6 de junio ya próximo, abre una gran interrogante sobre lo que podría hacer la Ley 3 de 3 hacia la elección de próximos servidores públicos. 

BROTAN NATURALES las preguntas ¿En el registro y validación de candidatos a las alcaldías y diputaciones se está observando esta necesidad? y ¿Se tienen condiciones para bajar a los transgresores? 

De las respuestas a lo anterior depende que los documentos firmados con toda pompa y caravana por las dichas autoridades tengan alguna utilidad, so riesgo de que autoridad y sociedad estemos ante una simulación. 

Peor aún, hay peligro que todo esfuerzo de aspirar a una sociedad armónica y justa quede con menos probabilidad de darse, cuando a un serio intento como la Ley 3 de 3 se le puede pasar por el arco de la burla. 

SI NO por ley, al menos valdrá que toda aquella persona que sepa de quien violenta lo o la denuncie en cualquier medio o instancia, y en cualquier nuevo momento se le señale acaso para el castigo social.

Por E. Zapata / opinion@diariodemorelos.com / Twitter: @ezapata1

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