En verdad, no es ninguna novedad que se presione a los órganos electorales, sobre todo por parte de los actores, que son los partidos políticos, y la autoridad desde luego; siempre se han dado presiones sobre las autoridades electorales y, claro está, hay de estilos a estilos: desde las amables conversaciones y sutiles sugerencias, pasando por las nítidas insinuaciones de “nosotros no olvidamos a los amigos”, hasta las actitudes grotescas en tonos destemplados amenazantes, y culminando con el escopetazo del vituperio público disparado por los dirigentes partidarios o candidatos frustrados.
Lo que sucede es que anteriormente el presidente no se involucraba directamente en disensos con la autoridad electoral, porque ponía en entredicho la legitimidad gubernamental, pero ahora lo está haciendo de manera directa y creo que está mal.
Los desacuerdos de la actual coyuntura tienen una larga historia iniciada en las elecciones presidenciales de 2006, y en el nacimiento de un discurso justificativo de la derrota del ahora presidente en esas elecciones. En esa elección hubo acciones fraudulentas e ilegales, sin duda alguna, pero no fueron acciones instrumentadas por el Instituto Federal Electoral; están enlistadas por el Tribunal Electoral en la “Declaración de Validez de la Elección de Presidente Electo de 2006”, pero las consideró inválidas no determinantes, o como la campaña propagandística de los empresarios: “…se estimó que no estaba acreditada plenamente una intervención indebida de terceros a través de la difusión de algunos spots o promocionales, historietas, volantes o publicaciones periódicas, ni existen elementos para considerar que hubo un sesgo informativo de ciertos comunicadores en contra de Andrés Manuel de López Obrador…” También, hay que decirlo, por parte del candidato perdedor se cometieron errores estratégicos en su campaña y en la impugnación misma.
Defender a la institución electoral de los amagos del poder presidencial y de su partido no implica, necesariamente, compartir totalmente la visión o la actuación de los integrantes de sus órganos de dirección. Estamos siendo testigos de cómo la autocomplacencia lleva al país por derroteros inciertos y no fortalece la vida institucional.
Los consejeros electorales tienen todo el derecho de tener una visión política propia y hasta de pertenecer a un partido o grupo político, la ley no se los prohíbe; pero, desde su posición de árbitros, no tienen el derecho de tomar una postura militante y protagónica, como inicialmente fue asumida por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; aunque, afortunadamente, parece que la mesura va retomando su cauce. La impresión que se proyecta es que no se ha dado una discusión colegiada sobre la postura a tomar frente a las descalificaciones del grupo en el poder.
Frente a los amagos del poder político, la postura institucional no debe encaminarse a la confrontación, sino a inducir al camino de la vía jurisdiccional para resolver las controversias; aunque a veces no nos gusten las resoluciones del Tribunal Electoral, esa es la vía. No está de más llamar al titular del Poder Ejecutivo y a su partido a serenarse. La estrategia de vulnerar a la institución electoral no es el camino para ganar elecciones, eso se logra convenciendo a los votantes de la justeza de sus propuestas. Es lamentable que desde el poder presidencial se deslegitime a la institución que es garante de la trasmisión legal, legítima y pacífica de poder.
No es ninguna novedad que se ataque a la autoridad electoral. En el sinuoso e inacabado camino de construcción de la democracia mexicana, ha sido una actitud recurrente de los diversos actores políticos cuestionar sus resoluciones cuando no les son favorables. Esa actitud es una prueba fehaciente del primitivismo de la cultura política presente en la mayoría de los actores políticos.
Se ha insistido en diferentes reformas electorales en controlar los gastos de campaña, cosa que no ha podido hacerse, y la equidad en la contienda también es algo inacabado; hay que señalar que eso nos hace falta, así como que es muy caro tener una institución como el INE. Es cierto que se puede desinflar, pero para eso necesitamos tener consejeros más adecuados a la realidad, ya que los actuales están empecinados en ser oposición al gobierno y ese no es su papel, el suyo es el de ser árbitros y nada más.
Las presiones siempre han existido, nunca antes de la presidencia, pero sí de sus enviados y, desde luego, no hay que hacer tanta alharaca. Como autoridad electoral hay que cumplir con la ley, no querer ser partícipe de la elección y ya está. ¿No cree usted?
Por Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin