Poco a poco la liga se va estirando, mucho indica que se reventará pero lo que no se sabe es cómo y cuándo. La basura apenas empieza a ser sacada de abajo de la alfombra. Viernes. Cuando faltan dos días para que Cuauhtémoc Blanco Bravo cumpla su tercera semana como gobernador de Morelos, se pone la toga y se calza el birrete de juez para golpear la mesa con el martillo y sentenciar. “¡Caiga con caiga!”. Obvia la dedicatoria al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, la reacción del “Cuau” no fue verbal sino escrita mediante el típico comunicado de prensa, después de que el ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, promovió un amparo para salvarse de ser detenido... Inédito, el espectáculo del cochinero comienza a ponerse bueno. Uno: sólo la deuda bancaria que heredó la administración anterior a la actual es de diez mil millones de pesos, pero el cálculo de la total supera los 15 mil millones. Secretario de Hacienda en las administración de Sergio Estrada, luego en la de Marco Adame y ahora en la de Bravo, el resumen lo hace con sumo placer Alejandro Villarreal Gasca, quien, acosado judicialmente los últimos seis años al punto de tener que traer siempre el amparo el bolsillo para no ser aprehendido, hoy tararea esa de José Alfredo que dice: “¡qué bonita es la venganza!”… Dos: liderado por Enrique Paredes Sotelo, el grupo de abogados catedráticos de la Federación de Asociaciones Civiles, Organizaciones y Movimientos Sociales que presentó la demanda de juicio político contra Graco Ramírez aportó como prueba un corte de caja e informes financieros que aseguran demuestran que la pasada administración del Gobierno Estatal afectó gravemente la operatividad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo acusan de haber retenido, de forma indebida y dolosa, 100 millones de pesos de las participaciones a la casa de estudios durante 2017. Sustenta Paredes: “Esta retención vulneró los derechos de 40 mil estudiantes y trabajadores de la máxima casa de estudios, al violentar los derechos humanos a la educación y al trabajo que se contemplan en el artículo 3 y 5 de la Constitución Política federal”… Tres: acusados formalmente de un presunto desvío de un titipuchal de millones de pesos así como de omisiones y actos constitutivos de posibles delitos en perjuicio del Congreso local, se pusieron más nerviosos los ex diputados Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete y Silvia Irra Marín. También a base de té de tila se halla el fiscal Uriel Carmona Gándara, atrapado en el desafío de servir con lealtad a los intereses de la pasada administración y perder la “chamba” o traicionar a los que en su momento le dieron el puesto dándoles palo a los dichos ex legisladores con tal de conmover a Cuauhtémoc para no ser corrido… Cuatro: 190 millones de pesos se los podía gastar de “propina” el ex gobernador veracruzano Javier Duarte, pero esa suma sigue siendo considerable y, lo peor, perdida una de este tamaño si, como afirma el nuevo secretario de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Salgado Mercado, fue gastada en el gobierno graquista en la contratación de sistemas informáticos para el cobro de derechos de control vehicular que nunca funcionaron eficientemente. Presumible la transa, sólo será comprobable por medio de una investigación sesuda, prolija, que arroje resultados indudables para que el o los responsables regresen la copa o paguen con cárcel. La clave de este caso está en las entrelíneas de la declaración del “Güero” Mercado. Se investiga el sistema que dejaron instalado sus antecesores para el cobro de derechos, que fue contratado con la empresa “Zeitek” y es uno de los tres sistemas que adquirió la SMyT en el gobierno de Graco Ramírez. Se informará a las autoridades correspondientes para que el sistema sea auditado y se proceda penal y administrativamente en contra de las ex autoridades responsables de los retrasos constantes en los servicios que presta la SMyT… Cuatro: Mudado de Morena al PES, el diputado Andrés Duque Tinoco “chaqueteó” a cambio de que su cónyuge, Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, fuera privilegiada con el sueldo del cargo de directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Nada raro en la política de antes y de ahora, posible la operación en este caso del vicegobernador José Manuel Sanz Rivera… (Me leen después).
Por: José Manuel Pérez Durán