Marchan las semanas y encontramos ecos de personajes expresando la imperiosa necesidad de reordenar la entidad ante la ola de depredación que se vivió los últimos años en las finanzas estatales.
Es comprensible que parte de la agenda estatal sean los temas de fiscalización y auditorías que podrían llevar a responsabilidades administrativas y/o penales, hemos escuchado muchos nombres y apellidos, esto debido a que de las más sonadas propuestas del entonces candidato Cuauhtémoc Blanco, fue castigar a quienes hayan hecho mal manejo de recursos públicos y estén manchados de corrupción.
Lo anterior, también destacando el hecho que el nuevo gobierno morelense ha estado a ciegas desde el día uno del resultado electoral, esto debido a la cerrazón del gobierno anterior de llevar una transición donde los equipos empataran los temas prioritarios para entidad; estuvo tan mal llevada esa transición que lejos de poner en contexto diversos asuntos públicos trascendentes y necesarios de darle continuidad, se acrecentaron los odios entre entrantes y salientes.
Lo importante ahora es que vemos a un Congreso del Estado de Morelos, con voluntad de reivindicar su papel en el concierto morelense aunque quizás con un poco de inexperiencia para poder abordar los asuntos con mayor efectividad. Veamos…
Si verdaderamente el Poder Legislativo Estatal está interesado en concretar una agenda temática que traiga beneficios tangibles para la población, se requiere mucho más que la presentación de iniciativas, puntos de acuerdo o ruedas de prensa; aquí lo efectivo es que los tres poderes comprendan la gravedad por la que atraviesa el estado y puedan de manera coordinada establecer un plan de trabajo para corto y mediano plazo, que se empiece a ver sincronía y disciplina en las diferentes secretarias y organismos.
Los últimos años estuvo fuera de toda lógica constitucional los contrapesos entre legislativo y ejecutivo. El que los fideicomisos públicos y la deuda estatal se decidieran en oficinas centrales del gobierno, con un congreso como simple oficialìa de partes (bastante onerosa, por cierto) se avalaban sin mayor debate y siempre a escondidas de la ciudadanía cualquier designio del Gobernador relacionado con rendición de cuentas, controles constitucionales, transparencia y deuda pública.
Habría que mencionarles a los actuales Diputados Locales que nada mal harían echándole ojo a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que clarificaron la obligación de las alcaldías de informar al congreso local sobre el destino de las aportaciones federales asignadas a las arcas municipales y a los fideicomisos, esto en el sentido que, si se hizo mal uso de esos recursos, se podría proceder contra quien modificó su destino.
Señores diputados morelenses, su compromiso es acompañar principios elementales de rendición de cuentas, donde si hubo transferencias inadecuadas del presupuesto, se hagan las denuncias correspondientes y den seguimiento para llegar hasta las últimas consecuencias.
Finalmente, si verdaderamente están interesados en comprender qué sucedió con las finanzas estatales, va otro tip paisanos diputados: revisen qué sucedió con la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (UPAC). Buen martes.
Por: Guillermo Amerena Betancourt