CUERNAVACA, MORELOS.- El nombre de servidores públicos sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades del Paso Express no ha sido incorporado al registro de funcionarios inhabilitados porque el proceso legal sancionador no se ha agotado, reveló una fuente allegada a la dependencia.

Entre los sancionados estarían el ex titular del Cento SCT Morelos José Luis Alarcón Ezeta; el residente general de la obra, Eduardo Saavedra Mota, y los residentes Teresa León Reséndiz y Josué Robles Rodríguez.

Son cuatro, de nueve servidores, que el 5 de julio se informó fueron sancionados por el socavón del Paso Express, el 12 de julio de 2017, en el que murieron Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo.

El accidente fue el colofón de larga cadena de irregularidades que inició desde el proceso de licitación de la obra, según la auditoría interna que la SCT realizó al proyecto.

Teresa León Reséndiz tendría una de las sanciones más altas: 10 años de inhabilitación, mientras el resto enfrenta sólo destitución e inhabilitación por un año para desempeñarse en la función pública.

Según la ley, los presuntos responsables pueden apelar la sanción, por lo que los procesos no han sido cerrados y a ello se debe que su nombre no fue dado a conocer.

SANCIONES VS. IRREGULARIDADES

El Órgano Interno de Control de la SCT, a través del área de Auditoría, da cuenta de 22 observaciones (graves) que resultaron de la auditoría al Paso Express, incluida en el programa anual de auditorías 2017.

La principal observación y el problema de origen de la obra responde a inadecuada planeación y ejecución del programa por parte de las empresas contratistas: Aldesem, S. A. de C. V. y Epccor, S. A. de C. V.

De entrada, detectó que el desfase entre la fecha de licitación de la obra, noviembre de 2014, y la firma del proyecto ejecutivo, firmado por Banobras y Orva Ingeniería, en enero de 2015, incrementó el monto estimado de la inversión por 647 millones 199 mil 178 pesos, es decir, 71.78 por ciento, así como el plazo de ejecución en 177 días, respecto del contrato original.

Hubo incumplimiento al programa de obra y realizaron trabajos sin comprobación documental, por 197 millones 737 mil 294 pesos.

Se detectó inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación del proyecto, desatendiendo la recomendación técnica que la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) hizo respecto de las barrancas y el escurrimiento de agua, en especial en el punto donde se formó el socavón.

Hubo pago en exceso por precios unitarios mal integrados por casi 117 millones; como ejemplo, se “ajustó” el costo de una excavadora CAT modelo 320D hasta 2.9 millones de pesos.

No hubo finiquito del contrato de obra, la licitación plagada de irregularidades y se firmó un convenio modificatorio que era improcedente, por 38.5 millones de pesos.

En las conclusiones, destaca que la auditoría interna manifestó la debilidad de los sistemas de control y operación de la Dirección General de Carreteras y de Desarrollo Carretero.

ANTONIETA SÁNCHEZ
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