Flamante presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, Miguel Ángel Mancera, tiene tres cosas en común con Graco Ramírez Garrido Abreu. Ambos gobiernan entidades limítrofes, la Ciudad de México y el estado de Morelos; Graco presidió la Comisión Nacional de Gobernadores, Mancera la encabeza a partir de anteayer y ambos pretenden la candidatura del PRD a la Presidencia de la República. Eso salta a la vista. También que, nominado si lo es Mancera a la máxima magistratura del país por negociaciones de las corrientes perredistas, seguramente perdería en el ex Distrito Federal habida cuenta la preferencia electoral de los capitalinos por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), o lo que es lo mismo, por Andrés Manuel López Obrador. O la eventualidad de que el mismo acuerdo lleve a Graco a la presidencia nacional del sol azteca. Pero eso qué tiene qué ver con el futuro inmediato de Morelos. Mucho, nada menos que el agua. En noviembre de 2013, la nota pasó desapercibida; andando el tiempo puede afectar a la población de Cuernavaca, pero nadie reaccionó. Fue la de un convenio que el 13 de ese mes firmaron Mancera y el entonces director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federmann, para realizar obras hidráulicas en los próximos seis años y jalar agua del estado de México, Puebla… o Morelos. Tales son las opciones de fuentes de abastecimiento para la Ciudad de México cuyos 8.8 millones de habitantes y el total de 21 millones del área metropolitana padecen épocas recurrentes de escasez. ¿Pero por qué de los escurrimientos del Ajusco que le dan agua a Cuernavaca? El vaticinio es de los expertos: los mantos freáticos de la tercera metrópoli más poblada del mundo poco tardarán en agotarse. Llegado el caso de que el análisis de la Conagua opte por llevar agua de Morelos al De Efe, ¿cuál sería la reacción de la gente de Cuernavaca y de qué tamaño las afectaciones al suministro local del vital líquido? Aunque por ahora el proyecto enfocado a reforzar el Plan Hídrico 2013-2018 de la Ciudad de México sólo “analice” como opciones el agua de las tres entidades, al gobierno de Cuernavaca no le han compartido el dicho proyecto. Y conste: porque el del agua es un tema de suyo importante, también lo es la posibilidad, así parezca remota, de una “guerra” por el agua entre cuernavacences y chilangos. Lo que hoy parece cosa de ciencia ficción, en noviembre del mismo 2013 se mostró como una cruda realidad en Sonora, librada en el estado desértico una guerra por el agua entre agricultores yaquis y el a la sazón gobernador panista Guillermo Padrés Elías. Advirtió el representante de la nación yaqui, Mario Luna: “El agua que pretenden desviar de nuestro territorio no será para uso doméstico, sino para llenar una presa de la zona industrial de Hermosillo, donde se encuentran empresas como Ford, Big Cola, Apasco y se instalará la cervecera Heinekken”. Consignado este conflicto por medios de circulación nacional, se destacó que ese proyecto mantenía a la tribu yaqui y a todos los habitantes del valle en la situación crítica de que solamente 17 mil de las 90 mil hectáreas aptas para cultivarse en la región fueron sembradas por falta de recursos hídricos para el riego. De hecho, hoy sigue sucediendo. Otros datos resaltaron que para defender su agua, su autonomía y el derecho a decidir su destino, el pueblo yaqui siguió los conductos legales que marca la Constitución y obtenido triunfos en este rubro, como una medida cautelar preventiva a favor de la demanda de restitución de aguas otorgada por el Tribunal Unitario Agrario 35 de Ciudad Obregón que prohibió “el desvío de caudales de cualquier índole fuera de la cuenca del río Yaqui en tanto no hubiera sido resuelto el conflicto de aguas” y, ratificado por un tribunal colegiado, un amparo contra la licitación del acueducto que ordenó parar las obras otorgado por un juzgado de distrito a los productores agrícolas del valle del Yaqui. Pero no obstante los recursos jurídicos por ellos ganados, autoridades tradicionales del pueblo yaqui no descartaron la posibilidad de que el gobierno continuara las obras, tal como había hecho el año anterior cuando una jueza dictaminó la ilegalidad de la obra y por ende su suspensión inmediata... Eso allá, en el norponiente de México: la lucha por el agua de uso agrícola. Y aquí en el centro sur: ¿una guerra por el agua que bebemos porque, usando la fuerza política de la Conago, Mancera pase de las palabras a los hechos, y apresure la concreción del dicho acuerdo? Atentos. Vaya a ser… ME LEEN EL DOMINGO.

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]

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