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CUERNAVACA, MORELOS.- La regulación de las auditorias extraordinarias o especiales evitará que estas dejen de verse como instrumento de presión política.

“Es evidente que sí agilizamos los procesos (de fiscalización), se reduce el tiempo para la especulación y para la valoración política”, dijo el representante del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso, Jaime Álvarez Cisneros.

El legislador opinó así, a propósito del clima político en el que se dio la revisión especial al ejercicio de los recursos que el Gobierno del Estado obtuvo a través de la contratación de créditos en el año de 2014, hasta por dos mil 806 millones de pesos.

Consideró que el hecho de que la auditoría ordenada por el Congreso local en julio del año de 2014 se haya politizado, le resta objetividad a los resultados que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) entregó la semana pasada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

“Si se especula, si pasa el tiempo y se habla sólo por hablar, en uno o en otro sentido, se desvirtúa el resultado y la auditoría se convierte más que una herramienta jurídica, en una herramienta política para el golpeteo”, consideró.

El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Vicente Loredo Méndez, coincidió con el diputado naranja en que es urgente que el Congreso se ocupe de regular los plazos para las auditorías extraordinarias.

Loredo Méndez dijo que actualmente la ley no define tiempos para una auditoría especial, por lo que la autoridad se ve obligada aplicar los mismos que existen para las revisiones ordinarias.

Eso impide que el resultado de una auditoría extraordinaria se conozcan en el plazo inmediato, a pesar de que los diputados le impongan plazos determinados para ello. 

Discusión

Preocupación

Legisladores aseguran que lejos de abonar a la transparencia, son utilizadas como botín político para golpeteo de las autoridades en funciones, y sobre todo la pérdida de tiempo en estos procesos.

2 mil 806 millones de pesos la contratación de crédito auditada.

 

Falta de objetividad

Consideran que le hecho de involucrar la política resta a la auditoría de ser una herramienta jurídica.

18 meses es lo que dilató la auditoría desde que se ordenó. 

"Si se especula, si pasa el tiempo y se habla sólo por hablar, en uno o en otro sentido, se desvirtúa el resultado y la auditoría se convierte más que una herramienta jurídica, en una herramienta política para el 

golpeteo.”

Jaime Álvarez Cisneros,  legislador local