Entre los tratados internacionales que la mayoría de los mexicanos desconocen, existe uno que hoy está en la mesa de la problemática entre nuestro País y Estados Unidos y que fue firmado el 3 de febrero de 1944 llamado Acuerdo Sobre Distribución de Aguas Internacionales, en el que se establece que México le asigna a Estados Unidos cierta cantidad de agua del Río Bravo y EE.UU. a su vez le asigna agua a México a través del Río Colorado.
Pero he aquí que al intelectual de Peña Nieto y el presidente Trump acordaron en lo oscurito y a través de terceros como PRONATURA y la Universidad de Baja California con el gobierno de EE UU. Le ordenó su patrón del norte, Trump, efectuar un acuerdo con Estados Unidos el 21 de septiembre de 2017 y en absoluto secreto, con el número 323 y cinco días después de haberse pactado fue dado a conocer públicamente, el que ni siquiera es legal. Este acuerdo, es nombrado: Ampliación de las Medidas de Adopción de un Plan Binacional de Contingencia Ante la Escasez de Agua fue negociado sin el conocimiento de la ciudadanía o el solicitar la opinión de quienes serían los afectados. Existía la intención de integrarse al tratado de 1944, pero dentro de los tratados no puede haber acuerdos a menos que el tratado anterior se nulifique como pasó con el TLC, que fue cambiado por el T-MEC.
En el Senado de la República se tomó el acuerdo de que el presidente Peña Nieto le ordenara al de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray rechazar el acta 323 porque lesiona el interés nacional, pues afectaría directamente a los habitantes del Valle de Mexicali y del Estado de Chihuahua, pues sin permiso alguno están vendiendo, a través de artimañas, el agua que tanto necesita nuestra gente y en especial los agricultores de esos grandes estado del norte. La propuesta aún permanece en la Comisión de Recursos humanos de nuestro País.
El nuevo acuerdo que firmara el presidente Peña Nieto, decía que Estados Unidos se comprometía a entregarle 31.5 mil millones de dólares al gobierno mexicano para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la infraestructura hídrica en territorio mexicano, parte de ese dinero lo administraría México en la atención del medio ambiente, parte se quedaría en Estados Unidos y el restante se le iría dando a México conforme fueran entregando el agua que les correspondiera. El desarrollo de la infraestructura significa el cuidar que las presas locales y la internacionales como la Presa Falcón estuvieran en perfecto estado y así poder enviar las aguas suficientes y de buena calidad (no broncas), hacia las presas de Estados Unidos, de las que el país del norte restituiría con aguas de buena calidad. La negociación se llevó a cabo en Estados Unidos.
El tratado de 1944 especifica que la contabilidad de la entrega de agua a Estados Unidos, se daría por ciclos de cinco años consecutivos y, en caso de “sequía extraordinaria”, las faltantes se repondrán en el ciclo siguiente. Se apunta que cuando las capacidades asignadas en las presas internacionales se llenan con agua de su propiedad, termina el ciclo y los faltantes se cancelan.
En la actualidad son treinta y cinco millones de estadunidenses y dos hectáreas de riego las que dependen del agua del Río Colorado. En el estudio se asentó que los derechos del Río Colorado están determinados por el tratado de aguas de 1944 que expira a finales de 2017 y que el presidente Trump debe negociar con México.
Una descompostura de las relaciones entre Estados Unidos y México podía poner en riesgo los tratados, así como tensar más las relaciones entre ambos países y detonar condiciones negativas, señala el estudio, y los que se verían directamente afectados serían Baja California Norte y el Estado de Chihuahua propiciando la escasez con un impacto devastador en empleos y en la economía en general.
Durante la presidencia de Barak Obama se firmó el acta 319 que permite a México mantener la porción que le toca del Lago Mead. Con toda la intención de presionar a nuestro País, en 2014 una porción del
Lago Mead fue liberada lo que permitió que esa agua se perdiera en el mar por primera vez en años y tuviéramos que pagar una cantidad de agua que no tenemos ya que las dos presas que tiene Estados Unidos en la frontera con México son 10 veces más grandes que las nuestras. O sea que es mejor esperar a que Estados Unidos nos devuelva los mil ochocientos cincuenta millones de metros cúbicos de agua que nos debe.
Sin embargo, tanto el tratado de 1944, como los acuerdos de 1999, con el presidente Ernesto Zedillo, el de 2001 firmado por el presidente Bush y Vicente Fox, cuando Fox acababa de tomar el poder y Bush entraba al gobierno de Estados Unidos en 2001. Este fue el primer asunto internacional que ambos trataron: el problema entre las dos naciones sobre las aguas del Río Bravo y del Río Colorado, que tuvo lugar en San Cristóbal, Guanajuato, donde se firmó el acta 307 de la Comisión Internacional de Límites y aguas (CILA) el 16 de marzo del mismo 2001.
Además el tratado de 2017 signado por Enrique Peña Nieto, los cuales todos ellos tienen características jurídicas, supuestos, incógnitas y omisiones deliberadas que son prácticamente imposibles de cumplir, según Jaime Collado en la Revista Mexicana de Política exterior.
El tratado se vuelve muy complicado en los términos y las interpretaciones tan ambiguas, que ningún abogado conocedor o quizás ni siquiera un juez sabria cómo interpretarlo, ignorando el concepto jurídico de “Saber leyes no es conocer sus palabras sino su espíritu”. Los términos en que fue negociado el tratado y sus consecuencias, los supuestos e incógnitas en los cuales estuvo pactado el acuerdo y la manera en que han evolucionado, pues 1944 no es 2020 donde han cambiado los cauces, se han hecho presas, cada lluvia, huracán o movimiento telúrico, las riberas y las sequías, han hecho que en 76 años no puede tener las mismas especificaciones que en la actualidad.
O los tratados fueron hechos en el idioma inglés y la traducción al castellano fue malísima o ha existido la malsana intención de que no se pueda interpretar en sus conceptos específicos y únicamente escoger lo que al más poderoso le convenga y en este caso el perjudicado resulta ser nuestro país, México.
Esperamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pierda el miedo a Donald Trump y que se tarde un poco en hacer trato alguno con el estadunidense hasta que pasen la elecciones en el país vecino el primer martes de noviembre en el que sin duda la gente va a votar por el partido demócrata y México tendrá mejores relaciones con alguien que no lo esté amenazando como lo está el presidente Donald Trump haciendo con todo el mundo, porque si fuera cierto lo que dice, sin duda alguna ya hubiésemos tenido un par de guerras atómicas.
Peña y Trump, el Acuerdo Sobre Distribución de Aguas Internacionales
Por: Rafael Benabib / rafaelbenabib@hotmail.com