Apenas trascendió al conocimiento social que en los cerros de Temixco y sus alrededores se iba a abrir “una mina de oro”, surgió la inquietud. Los que se presumían informados apuntaban a una colina con el índice para advertir: “ahí va a estar la mina”. De eso ya pasaron cinco años, esparcido entonces el dato de que se trataba de una empresa como tantas otras a las que los gobiernos sucesivos de Vicente Fox y Felipe Calderón concesionaron la tercera parte del territorio de México para la exploración y explotación de oro y plata. Decían: “Van a la segura; saben en dónde hay oro y plata por los satélites”. No estaban equivocados, confirmado al poco tiempo el proyecto de la compañía canadiense Esperanza Silver a la que, de no haber sido por la resistencia de campesinos, intelectuales y científicos, en junio de 2013 la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) le hubiera aprobado el estudio de impacto ambiental para que echara a andar la mina. Activado el rechazo al proyecto canadiense en las primeras semanas de la actual administración estatal e incluso respaldado por el gobernador Graco Ramírez, se sentó un precedente ante casos similares de empresas asimismo extranjeras en numerosas localidades del país. Pero tuvo que pasar un año para que fuera frenado el plan de Esperanza Silver. Fueron meses de lucha, reiterada e irrebatible la advertencia a los perjuicios irreparables a la ecología puesta por el Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, el Consejo de Pueblos de Morelos, otras organizaciones y ambientalistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sin embargo, los canadienses no quitaron el dedo del renglón; con tal de llevarse el oro de Morelos, lo que menos les interesa es nuestro medio ambiente. Hoy día, si el poder del dinero hace que la Semarnat cambie de opinión y autoriza la apertura de la mina, envenenarán el suelo y el agua, afectarán la fauna, depredarán los cerros del Jumil y Colotopec, en Tetlama; pondrán en riesgo de que se colapse la zona arqueológica de Xochicalco y extenderán el saqueo a 15 mil hectáreas. Transferidas en septiembre de 2013 las siete concesiones por la firma Esperanza Silver Resources a la empresa Álamos Gold o La Compañía, de Toronto, Canadá, el presidente de esta última, John A. McCluskey, anunció que en los siguientes 18 meses volverían a presentar el plan Esperanza Proyecto Oro que en junio de ese año le negó la Semarnat a Esperanza Silver porque contraviene a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y debido a que afectaría los recursos hídricos y el área arqueológica de Xochicalco, que es Patrimonio de la Humanidad y está ubicada en la poligonal que implican las concesiones mineras que suman 150 millones de metros cuadrados. Las condiciones no han cambiado; el riesgo antiecológico persiste, así que lo deseable para la salud de los miles de morelenses que habitan en esa zona es que la Semarnat confirme la desaprobación al MIA. De lo contrario, para la extracción de oro usarán cianuro de sodio, y mercurio para la plata. Los trabajadores que respiren niveles incluso bajos de cianuro durante varios años sufrirán dificultad para respirar, dolores del pecho, vómitos, alteraciones en la sangre, jaquecas y dilatación de la glándula tiroides. Veneno puro. Pero cinco años después el peligro no ha desaparecido, lanzada otra vez la semana la alerta por representantes del Movimiento de Ciudadanos Morelenses en el sentido de que la minera Álamos Gold Company anda ofreciendo proyectos para comprar tierra y obtener la aceptación de los lugareños, continuar el proceso y pueda explotar las concesiones en territorio de los municipios de Miacatlán, Xochitepec y Temixco. Todo esto ante el silencio de la Semarnat, la Secretaría estatal de Economía y la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ignorantes por otra parte los ejidatarios de Temixco y demás municipios de lo que les pasó a los habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites (Zacatecas), y a ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver. En febrero de 2016 fueron arbitrariamente desalojados de sus casas por esa empresa. Por años acosados y amenazados, a fines de enero guardias privados que portaban armas largas ya habían obligado a 47 familias a dejar sus hogares, destruidos con maquinaria pesada, y madres, padres e hijos forzados a mudarse a viviendas de lámina con un contrato de comodato amañado… ME LEEN MAÑANA. 

Por José Manuel Pérez Durán

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