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Sería de lo más conveniente que para el próximo período extraordinario de sesiones que se llevará a cabo después de las elecciones de junio y que probablemente tendrá lugar entre el día 13 al 17 del mismo mes, los Legisladores del Congreso de la Unión, votaran por aprobar o rechazar la Ley 3 de 3, la que no afectaría a ningún político de altura, porque el mismo Congreso y el Presidente Enrique Peña Nieto, podrían retrasar su entrada en funciones hasta después del mes de julio del 2018.

Gracias a esa ley, todos los mexicanos estamos seguros de que ya no va a haber corrupción y que los ciudadanos ya van a poder participar en no se sabe qué, con las nuevas disposiciones, que ya los comerciantes, políticos y acaparadores, pueden estar tranquilos porque el gobierno ya no será corrupto y no tendrán que darle ningún dinero para la explotación de las riquezas de México.

Tales leyes no fueron planteadas por organizaciones de izquierda, ni por alguna ONG, sino que salieron de las mismas cámaras empresariales, en especial de la Coparmex y de algunos particulares quienes organizaron a la desesperada ciudadanía a levantar firmas de toda la población para apoyar la propuesta de los empleadores y así respaldar su petición ante los Legisladores, para exigir estas “nuevas leyes”, (que eran y son parte de la Constitución de 1917).

En total fueron entregadas ante el Congreso de la Unión el paquete de la ley 3 de 3 con sus siete leyes secundarias que deberían haber sido aprobadas en la última sesión de la Cámara de senadores, cosa que ni fue discutida en esa sesión.

Quienes propusieron la Iniciativa Ciudadana 3 de 3, pregonan el transformar la indignación social debido a la corrupción, en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos. La ley 3 de 3 trata del Sistema Nacional Anticorrupción y Participación Ciudadana, la ley de Responsabilidades Administrativas y las Reformas al Tribunal Fiscal y Administrativo. Más de 600 mil mexicanos estamparon su firma para respaldar esas exigencias, las que fueron entregadas en tiempo y forma, pero que ni siquiera fue leída por los senadores.

Es cierto que el 18 de abril en el senado se formaron cinco grupos de trabajo para llevar a cabo la discusión técnica del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ley 3 de 3, donde estarán plasmadas las definiciones de los grupos parlamentarios y un pequeño espacio en el cual “los ciudadanos puedan proponer sus puntos de vista y en su caso, aportar nuevas redacciones”. (Esa sí es una acción muy generosa de parte de esa Ley y hay que aplaudirles a los empresarios y a los senadores).

En el llamado de los empresarios al público, apuntaron que se debe presionar a 37 Legisladores responsables de que estas leyes sean aprobadas, entre ellos son 19 diputados y 18 senadores de la Comisión Permanente y que dichas leyes deberían estar listas antes del 28 de mayo, mientras que el período ordinario de sesiones concluyó el 29 de abril. Así que lo más seguro es que ni siquiera haya período extraordinario de sesiones planeado del 13 al 17 de junio, una vez pasadas las elecciones de este año.

El gobierno federal haría muy mal en desperdiciar esta ocasión para emitir esas leyes light, las cuales no amenazan a nadie, son una copia de las que ya están establecidas por el gobierno mismo y llevadas a cabo por su propia gente, la cual será juez y parte. ¿O cuál es el motivo de tener una Secretaría de Anticorrupción?

Sería bastante eficaz el promulgar esa ley para meter a la cárcel a políticos de poca monta y a pequeños empresarios y comerciantes mexicanos evasores del fisco, así como a algunos líderes de sindicatos pequeños que pueden ser cambiados por gente adecuada a los intereses de sus patrones y del gobierno. 

De esa y de muchas otras formas se puede echar a andar la ley 3 de 3 junto con las siete leyes secundarias sin afectar a los capitanes de la industria, a los nuevos propietarios de las minas, a los negocios extranjeros ya fincados en México, a los bancos que nos dan servicio, aunque se lleven un poco de dinero para sus gastos en el extranjero. La Ley 3 de 3 no debe incluir ni a los políticos importantes para nuestra Nación, como lo son los ex presidentes, los ex gobernadores, al 99% de los políticos en el poder (y fuera de él) a los inversionistas nacionales (incluyendo a los empresarios que presentaron dicho proyecto)ni que jamás se mencione a nuevas trasnacionales del petróleo y la energía eléctrica, ya no digamos a los dueños de las tiendas de autoservicio, porque en cualquier momento cierran sus almacenes y nos quedamos sin abasto y de los acuerdos transpacíficos ni los mencionamos porque como dice Trump, de todas maneras nos van a hacer la guerra.

Pero con poner una muestra de las maravillas de la Ley 3 de 3 con esos pocos en cintura, por lo menos calmarían a la población mexicana, a la que le darían un poco de esperanza de que las cosas comiencen a cambiar, aunque sigan sin empleo, sin sustento alimenticio, sin servicio médico, sin escuela, sin un techo donde vivir, etcétera, a ellos sí los llenaría de felicidad y de seguro se les quitaría la cara de mal humor, porque al ver que, gracias a la ley 3 de 3 y a las 7 leyes secundarias, los grandes dirigentes de la Patria ya dejan de ser tan cínicos y castigan a quienes ellos decidan quiénes son corruptos y quienes no; qué personaje o empresa merece seguir impune o a quién se le imputa la ley de Disolución Social… perdón…del Artículo 29 de la constitución.