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CUERNAVACA, MORELOS.- Los casos de presuntos desvíos de recursos de Temixco y Cuautla, durante el ejercicio fiscal 2015, serían los primeros que investigue, y en su caso sancione, el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez.
Salazar Núñez fue designado como el primer titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Hechos de Corrupción en agosto del año pasado, pero ante la inexistencia de la ley reglamentaria, en la práctica estaba imposibilitado para ejercer el cargo.
La reforma constitucional en materia de transparencia y combate a la corrupción, promulgada el 11 de agosto de 2015, creó la figura del fiscal como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
La misma reforma transformó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en nuevo Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con plena competencia e independencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para imponer sanciones a los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción.
En caso de que la Fiscalía encuentre responsables de desvío de recursos públicos a los ex alcaldes de los municipios citados u otros servidores, tendría que auxiliarse del Tribunal de Justicia Administrativa para sancionarlos.
El decreto 425, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el 9 de marzo de 2016, contiene la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con la que se habilitó jurídicamente la figura del fiscal anticorrupción.
La fracción XXVII del artículo 11 señala que “son funciones del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, combatir, investigar y perseguir hechos de corrupción, conforme a las normativas aplicables” y el artículo 13 bis define las atribuciones del fiscal.
Con el marco jurídico casi completo, porque aún falta la aprobación del Reglamento Interno de la Fiscalía, la maquinaria “anticorrupción” ya tiene que dar sus primeros resultados en la materia.

Funciones del Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, entre otras:
I. Conocer e investigar los delitos derivados de hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la administración pública, aquellos casos en que la función, cargo o comisión de los servidores públicos se realice en contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y demás delitos  que se desprendan de las investigaciones

II. Ejercitar acción penal en contra de los imputados de los delitos

III. Perseguir y conocer de aquellos delitos previstos por la normativa federal o local, según sea el caso, que se expida en la materia.

IV. Detallar la investigación correspondiente precisando las constancias o las actuaciones realizadas

V. Dar aviso al Ministerio Público competente, por razón de fuero o materia, cuando de las diligencias practicadas se desprenda la comisión de alguno diferente

VI. Solicitar atención y reparación para las víctimas de las conductas previstas en la normativa aplicable en la materia;

VII. Recibir, por cualquier medio autorizado por la Ley, las denuncias sobre los delitos e iniciar la investigación correspondiente.

 

Por: ANTONIETA SÁNCHEZ /  [email protected]