El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Israel Hernández Cruz, justificó el silencio que la dependencia guardó ante los recientes actos del Congreso. 

A diferencia de otros momentos, hoy la Comisión se abstuvo de controvertir los decretos con los que diputados se favorecieron sin tomar en cuenta el detrimento que presuntamente tendrá la impartición de justicia para los morelenses. 

Hernández Cruz fue acusado por el diputado local, Arturo Pérez, y el senador, Sergio Pérez, ambos de Morena, de ser cómplice de los integrantes del grupo mayoritario en el Congreso, denominado G-15, por declinar la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto especial con el que ofrecieron pensiones anticipadas a magistrados, y contra las designaciones de nuevos juzgadores, que incumplen con el perfil del cargo. 

“Yo respeto el derecho que tienen el diputado y el senador, de decir lo que a su juicio consideren, pero nosotros actuamos conforme a la Constitución y los parámetros de la legalidad”, respondió el ombudsperson. 

Aseguró que la CDH sólo tiene facultades para contravenir cambios a la Constitución, como norma general, pero no contra actos administrativos. 

En este contexto dijo que la Comisión logró la invalidez de la ampliación del periodo de magistrados de 14 a 20 años porque el beneficio estaba consignado en un artículo transitorio de un decreto que reformaba el ordenamiento general. 

Como se recordará, como resultado del decreto especial, con una vigencia de cinco días, tres magistrados solicitaron al Congreso su retiro anticipado, entre estos, la magistrada Guillermina Jiménez Serafín, cuyo esposo, Rolfi González Rodríguez fue designado nuevo magistrado, lo que significa que ahora, ambos estarán en la nómina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con sueldo de magistrados, una retirada y otro activo. 

El detrimento económico de las nuevas pensiones y la ampliación del número de magistrados fue denunciado por el presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, quien, de acuerdo con la misma Constitución, ahora tiene en su cancha la opción de impugnar los decretos, ante la eventual insuficiencia presupuestal.

ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
 

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