Abordar el tema de impunidad es sumergirnos en un gran debate ético y moral que tiene como resultado inclinar la balanza de la justicia siempre hacia algún extremo. Impunidad es una exención de castigo o escape de la sanción, lo que implica una falta o delito, que causa conflicto a la sociedad, ya que hace pensar en la inefectividad que rige nuestro sistema de justicia si no se puede ejercer un castigo. En el derecho internacional sobre los derechos humanos, se menciona como la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a las víctimas de su derecho a ser reparadas.
El castigo es entonces la posibilidad de equilibrar y compensar el daño por parte del afectante o autor del delito, entre la persona o personas afectadas. La necesidad de castigo responde a la conservación del orden social. La ausencia del castigo por la comisión de un delito puede darse en dos circunstancias distintas:
1.- La primera es aquella en que el delito no se hace del conocimiento de las autoridades y las mismas no tienen ningún indicador para saber de la realización del mismo.
2.- La segunda es aquella en que, a pesar de existir un conocimiento del delito por parte de las autoridades, el mismo no es investigado para lograr la determinación del culpable y el conocimiento de la verdad de las circunstancias en que se cometió la infracción, o aun siendo investigado no es castigado por las autoridades, sea en virtud de un acto de legislación que perdone de responsabilidad penal al culpable o en virtud de una ley personal, por medio de la cual se exime de la misma responsabilidad al culpable sin un fundamento jurídico válido. Las anteriores son conocidas respectivamente como impunidad de hecho e impunidad de derecho y responden a un concepto mayor de impunidad general.
Impunidad de hecho, según Wilder Tyler: “La impunidad  de hecho” deriva de la debilidad de las instituciones, en especial de los poderes judiciales, alimentada por actos que obstaculizan la marcha de los procesos o corroen la independencia y la imparcialidad de la justicia. Muchas veces se traduce en la negativa de las fuerzas de seguridad de proporcionar las pruebas necesarias para identificar a los autores de los abusos contra los derechos humanos, en la resistencia de los funcionarios presuntamente implicados a declarar ante los tribunales, en la falsificación de registros públicos o en la intimidación y la amenaza a las víctimas, jueces, abogados y testigos.
Impunidad de derecho: “La impunidad de derecho se da por falencias en la legislación, como puede ser la falta de personalización de determinadas conductas, la provisión de reemites o remisiones o el establecimiento de penas desproporcionadamente bajas en relación con su gravedad.
La impunidad por las violaciones graves y constantes a los derechos humanos, aunque era condenada, fue por mucho tiempo admitida casi que como un mal necesario por parte de varias instancias. A lo largo de varias décadas, dominó la idea de que la impunidad era el precio a pagar, y así se justificaban las acciones horrendas de regímenes militares como necesarias para la superación de conflictos armados internos. Esta situación progresivamente fue modificándose y, frente al discurso político de la impunidad como mal necesario, fue naciendo una argumentación jurídica contra la impunidad, con base en la teoría del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. Esta argumentación fue el resultado de un proceso promovido tanto por la acción y movilización de las organizaciones no gubernamentales como por la doctrina y la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas, Sistema Europeo y Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
La iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas por codificar las obligaciones internacionales de los Estados en materia de lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas y obtener reparación, se inició aproximadamente quince años antes de 2005, cuando se dio la conclusión y aprobación de las versiones finales de los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad. Estos principios son catalogados como normas del derecho internacional que plasman las obligaciones jurídicas que tienen los Estados en relación con las víctimas de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario; y con la sociedad en su conjunto, en materia de lucha contra la impunidad. El problema en nuestro país es grave y la impunidad se ha dado de manera descarada. ¿No cree usted?
AMIGOS DE LA MÚSICA invita a la Opera Roméo et Juliette, de Charles Gounod, el  21 de enero, a las 12 a.m., directo desde el MET de New York, en pantalla de alta definición, con la  dirección musical de Gianandrea Noseda. Auditorio del IMTA, Paseo Cuauhnáhuac 8532, Jiutepec. El elenco: Diana Damrau (Julieta), Vittorio Grigolo (Romeo), Elliot Madore (Mercucio), Mikhail Petrenko (Frère Laurent).

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