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La última semana de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto llamó por el teléfono de la red oficial a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para comentar con él una crisis con nombre y apellido: Javier Duarte.
En esas fechas, la noticia más relevante en el país era la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. El episodio, uno más que reflejaba la crisis de gobernabilidad en ese estado, cuyo responsable finge que no pasa nada, que todo está tranquilo, que nada es cierto y busca bromear frente a cada cuestionamiento. 
Según testigos del momento de la llamada, se percibió que el presidente y el secretario estaban entre decepcionados, hartos, cansados de que el gobernador veracruzano sea un constante generador de problemas que trepan hasta la escena nacional:
Antes de Tierra Blanca, el auditor Superior de la Federación públicamente deseó que encarcelaran al mandatario estatal por los desvíos detectados en el manejo de su presupuesto, sus maestros salieron entre los peores evaluados por la SEP, sus policías fueron de los que más reprobaron los exámenes de control sin haber sido despedidos, está en el Top-5 de las entidades con más secuestro, es el lugar donde más periodistas matan y en Hacienda lo ubican como el estado en situación financiera más riesgosa.
Duarte no podía estar entregando peores resultados. Por eso, el secretario de Gobernación lo citó de inmediato. Se reunieron en las oficinas centrales de Osorio Chong en Bucareli el 24 de febrero. Y otra vez el 3 de marzo.
Las citas desataron en redes sociales toda suerte de rumores sobre la inminente renuncia del gobernador. Fueron puros anhelos. Duarte se apertrechó en el poder y ahí sigue, pero el PRI sí cambió su estrategia de campaña, y su candidato al gobierno (la renovación se juega este 5 de junio) empezó a intentar deslindarse públicamente del mandatario en funciones.
La cosa siguió de mal en peor: 
El caso de Los Porkys avivó la indignación. Primero, por el hecho mismo de la violación. Y más aún cuando se dio a conocer que estos jóvenes influyentes y bien acomodados en el poder local tuvieron puerta abierta para salir huyendo no sólo del estado sino del país. Las órdenes de aprehensión llegaron cuando tres de los implicados ya están, ha denunciado el padre de la víctima, en Bilbao, España, y Dallas y Woodlands, Texas, Estados Unidos.
En el México actual, ¿el presidente de la República tiene suficiente poder como para ordenar la caída de un gobernador como sucedía en el pasado? No lo tengo claro. Pienso que si el gobernador es de su propio partido tiene muchas más herramientas que si es opositor. Pero no sé si tantas como para destituirlo. Seguramente dependerá de cada caso en lo individual. Hay gobernadores más apertrechados que otros, en función del grosor del blindaje de complicidades y lealtades en su Congreso local, por ejemplo, que lo protege de cualquier intento por tumbarlo. Y tampoco sé si es el caso: si en efecto el presidente Peña quisiera que Duarte cayera.  
A ver qué pasa en las elecciones y que hará su sucesor.

Historias de Reportero
Carlos Loret de Mola A.

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