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La Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que a partir de 2011 se ha registrado un repunte exponencial de abusos sexuales en las escuelas primarias y de preescolar del país. Desde entonces, según su segundo visitador Enrique Guadarrama, se denuncian 60 casos por año.
La cloaca se ha ido destapando con cada vez más casos expuestos públicamente: es claro que el problema en las escuelas del país es mucho más extendido de lo que se conoce y mucho peor de lo que quieren aceptar las autoridades. Y eso que no contamos la cifra negra. Debe ser gigantesca.
Los testimonios de madres y padres de las víctimas parecen calcas.
En la escuela, casi siempre el primer reflejo es esconder, ocultar lo que ocurre para “salvar” el prestigio de la institución. Siempre se convierte un búmeran que regresa en plan tsunami.
Y eso vuelve al niño una triple víctima: primero por el hecho; luego por el manejo en la propia escuela; y más tarde, si se llega a una denuncia penal, por la falta de herramientas periciales y profesionales para tratarlos y por la insensibilidad de las autoridades, sean policías, ministerios públicos o jueces.
Lo peor: tratándose de un delito que causa daños brutales en las víctimas y sus familias, y que atenta de manera atroz contra niños y niñas, las autoridades educativas no dan muestras de estar conscientes de la magnitud del problema.
La mejor prueba de la falta de protocolos en la SEP son las declaraciones que dio para Primero Noticias de Televisa, en un reportaje de Aldo Meza, el director de Desarrollo de la Gestión Educativa de la SEP, Germán Cervantes:
“Un apartado muy importante es que el niño sepa que es valioso y que nadie puede transgredir su persona y que el niño puede dar inmediatamente aviso a su profesor si algo está ocurriendo. ¿Pero es explícito en el caso de abuso sexual? No es explícito como tal, pero los niños tienen el derecho y la responsabilidad de hacerlo”.
Así que para la SEP los niños tienen la responsabilidad de detectar, denunciar y enfrentar el acoso sexual. Vaya, vaya.

El funcionario también agregó que los maestros tienen la obligación de avisar a sus superiores en la estructura educativa y a las instancias judiciales, sí, pero claramente ni la cabeza gubernamental encargada del asunto tiene claro un procedimiento.

Se supone que es el derecho de los niños a estudiar y a tener una educación de calidad el principio fundamental de la actuación de la SEP en este gobierno.
Sería gravísimo que se le olvidara el derecho a la vida, la integridad y la dignidad. Hay programas  y campañas contra el bullying. El acoso y abuso sexual contra los estudiantes en la escuela no merece menor atención.
Ya es tarde. Pero es mejor que la SEP se tome en serio el tema y empiece, ahora mismo, por establecer protocolos preventivos y posteriores. No todo es la reforma educativa, la CNTE y el Poli.

Por: Carlos Loret de Mola A.  /  carlosloret@yahoo.com.mx