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Hubo de todo entre los senadores que frenaron las leyes anticorrupción. Unos se opusieron por miedo a no saber cómo explicar su riqueza. Otros buscaron el borrón y cuenta nueva. Algunos declararon que las impulsaban, pero en privado las boicotearon.
Entre los argumentos en contra, uno surgió en la recta final de las negociaciones y resultó sorprendente, inusual… sincero.

Senadores de varios partidos políticos, agrupados en una especie de bancada improvisada, llegaron a la mesa con un planteamiento: estaban dispuestos a votar que fuera obligatorio presentar la declaración patrimonial, incluso que pudieran tener acceso a ellas las autoridades fiscales y anticorrupción, pero bajo ningún concepto que estuviera disponible al público en general. ¿Por qué? Porque tenían dos familias, y una no sabía de la otra. Presentar su 3 de 3 les implicaría un desastre personal.

La morbosa anécdota sirve para radiografiar varios dilemas en las discusiones sobre las leyes anticorrupción: 
1.- La vida privada de un senador no es asunto del público. Si tiene dos o tres familias es, hasta cierto punto, su problema. Pero si tiene cuatro o cinco casas, y no se entiende cómo las compró con sus ingresos legítimos, entonces sí es un tema que nos atañe a todos. ¿Cómo respetar la vida privada a la que tienen derecho los políticos sin permitir que se amparen en ella para esconder una fortuna mal habida?
2.- Si uno husmea en la página de internet de 3 de 3, resulta inexplicable la relativa austeridad que presentan en sus declaraciones frente al nivel de vida que ostentan en su vida cotidiana algunos connotados políticos mexicanos. ¿Cómo evitar que el llenado de unos cuestionarios bastante sencillos, como lo son los de la 3 de 3, se vuelva un falso certificado de honestidad? ¿Cómo puede blindarse una sociedad que quiere transparencia frente a muchos esquemas de prestanombres y empresas que pueden usar los servidores públicos para diluir su riqueza publicable?
3.- Hacen frontera la inseguridad y la corrupción en muchos mandos policiacos. Pienso que sería deseable que la 3 de 3 no sólo fuera obligatoria para altos funcionarios y para quienes ocupan cargos de elección popular, sino para los que están al frente de nuestra seguridad. Cruzar los datos de sus ingresos con los de sus propiedades puede arrojar contundentes reflejos de quién está protegiendo a la ciudadanía y quién a los delincuentes. ¿Cómo lograr un esquema que pueda escudriñar en las finanzas de los jefes policiacos sin exponer a los buenos policías y sus familias? 
Son sólo tres dilemas. Considero que tienen una respuesta común: tan importante es que el público en general y los medios de comunicación en particular tengamos acceso a los historiales financieros de los servidores públicos como que exista una institución imparcial con capacidad para indagarlos con sigilo pero sin impunidad. La frontera es tenue, riesgosa. Pero no es excusa para evadir la discusión y sobre todo, la votación. Que el público observe. Que un sistema también.