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Todo estaba listo para anunciarse ayer domingo 1 de mayo, pero las suspicacias electorales metieron el freno.
Después de meses de encuentros y desencuentros, hace varios días llegaron a un acuerdo el gobierno federal, los organismos empresariales y las centrales de sindicatos más influyentes del país: 
La mesa estuvo convocada por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Del lado de los patrones acudieron los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y varios más. Del lado de los empleados, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y otras.
El tema fue el salario mínimo, un debate que logró posicionar en la agenda nacional el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Han alcanzado en la negociación un punto de equilibrio satisfactorio para todos. Y para este 1 de mayo, Día del Trabajo, agendaron hacer el anuncio: 
Un plan para aumentar de golpe el salario mínimo nacional en aproximadamente 10 pesos para llegar a los 83 pesos diarios, la cifra que Mancera y su secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, han puesto como primer escalón en una ruta que busca llegar a los 171 pesos diarios que garantizan que quien lo recibe puede comprar lo que se necesita al menos para vivir fuera de condiciones de pobreza.
El acuerdo global entre el gobierno federal, los empresarios y los sindicatos implica que el salario mínimo tenga, a lo largo del presente sexenio, un crecimiento de alrededor del 20% en su poder de compra, que contrasta con la pérdida de 75% que ha experimentado en los últimos 40 años. Y cuida que esta subida no sea referente para otras negociaciones contractuales, no genere un boquete en las pensiones que paga el gobierno ni desate una espiral inflacionaria.
El anuncio está congelado… por las elecciones. Se decidió posponer hasta después de los comicios del 5 de junio, para que no pudiera ser presumido como un logro del gobierno del presidente Peña Nieto y por tanto, combatido y quizá tumbado por una oposición que podría irritarse con razón.
Falta entonces poco más de un mes para que se dé a conocer oficialmente. El problema es que cuando se trata de política, un plazo así pone en riesgo la estabilidad de la negociación: cualquier imprevisto –una crisis política, un golpe económico, una crispación electoral– puede sacudir la mesa y romper el pacto. Veremos si es puesto a prueba y, en dado caso, qué tan bien amarrado está.

SACIAMORBOS
La nueva iniciativa de ley de justicia expedita que anunció el jueves el presidente Peña Nieto significa entre muchas otras cosas, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Entre quienes las corrompen como negocio y quienes las usan en legítima defensa, seguro habrá fuertes resistencias.

Por:  Carlos Loret de Mola A. /  [email protected]