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El tema de conversación en muchos sectores de los Estados Unidos es que Donald Trump, presidente electo, tiene varias vulnerabilidades que pueden interrumpir su mandato antes de lo previsto.
No se trata de frases polémicas que le causen un problema de opinión pública. Se trata de pendientes con la justicia que en Washington se pueden llegar a castigar con el juicio político y la pérdida de la Presidencia:
1.- Trump University. Un conjunto de ciudadanos demandaron en las cortes federales a este centro de estudios del magnate porque consideraron que fueron engañados con falsas promesas publicitarias que hacían parecer al lugar como una institución seria. Pero en realidad era una “escuela patito”. El asunto se volvió un escándalo en la campaña cuando Trump atacó al juez que lleva uno de los casos, Gonzalo Curiel, por ser de padres mexicanos. El expediente del caso está creciendo, al grado que los abogados del presidente electo han pedido a la corte que posponga el juicio hasta enero para que no afecte la transición de poder. Imperdible su argumento: dicen que el magnate es un “principiante político”, que si lo ponen a atender cuestiones judiciales va a distraerse, lo que sería “perjudicial para la seguridad y el bienestar de Estados Unidos”. Si Trump usa el poder para defender su caso, si intenta mover las cuerdas de la justicia o presionar a los jueces tendría un pie fuera de la Casa Blanca (ya pasó con Nixon).
2.- Los hijos. Donald Trump ha decidido incluir a tres de sus hijos –sin experiencia política– en el Comité Ejecutivo del equipo de transición. No hay registro en la era moderna de un lance de nepotismo de tal envergadura en la nación más poderosa del mundo. No es sólo la relación familiar. El problema es que sus hijos están vinculados con sus empresas: la propuesta de que los hijos del magnate sigan a cargo de las compañías en una forma de blind trust (fideicomiso ciego) desata sospechas sobre el posible conflicto de interés. Si se descubre que él o sus hijos tuvieron acceso a información privilegiada que para beneficiar a estas empresas les podría caer un juicio político.

3.- La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ya advirtió a Trump: “nos veremos en la corte”. Anunció que monitoreará cada política pública que sea inconstitucional para demandarlo. Y lo pueden meter en problemas, sobre todo porque han detectado flagrantes violaciones a la Carta Magna en las promesas de campaña sobre libertad de expresión, migración y tortura, particularmente.

Quizá a los mexicanos nos parezcan nimiedades. Pero allá sí se toman en serio estas cosas.
Con tantas vulnerabilidades legales y un temperamento errático, la élite republicana podría estar afilando navajas, no el primer año pero sí el segundo, para impulsar el empoderamiento de uno de sus gallos: el vicepresidente electo Mike Pence. Difícil encontrar en la historia reciente algún vicepresidente que vaya a tener el poder de Pence, quien puede ser un Plan B: quizá muchos republicanos están pensando en que si Trump les arrebató el partido para volverse candidato, ellos le pueden arrebatar la Casa Blanca.