JIUTEPEC, MORELOS.- El Gobierno de Jiutepec está obligado a pagar 50 mil pesos diarios como penalización por el supuesto incumplimiento de un contrato con la empresa Ferpa Chilpancingo, que tenía la finalidad que concesionar el servicio público de recolección de basura.
El contrato, con la cláusula abusiva y condiciones de clara desventaja para el municipio, lo firmó la ex alcaldesa Silvia Salazar (PRD), quien al cierre de su administración (2012-2015) intentó darlo por cancelado, pero la representación legal de la empresa reclamó jurídicamente el cumplimiento.
Después, una mala defensa legal durante el gobierno, también perredista, de José Manuel Agüero Tovar (2016-2018), provocó que la deuda acumulada ascienda actualmente a más de 21.5 millones de pesos (mdp), declaró el consejero jurídico del Ayuntamiento, Omar Alexandre López Ortiz.
El representante jurídico del gobierno de Rafael Reyes Reyes indicó que se está dando la batalla legal para dar marcha atrás al contrato, y evitar que el grave daño al municipio se materialice.
Puntualizó que además de atender la demanda TJA/5As/051/17, que la representación legal de Ferpa inició contra Jiutepec, se promoverán otras acciones legales para demostrar las irregularidades con las que fue signado el contrato.
Fue firmado el 26 de diciembre de 2014 para el almacenaje, aprovechamiento, tratamiento, selección, transformación y disposición final de residuos sólidos domiciliarios.
LA DEUDA HEREDADA
Este asunto forma parte de la lista de juicios administrativos, laborales y de amparo que tienen en jaque a la administración de Reyes Reyes, los cuales fueron heredados por Agüero Tovar, quien al cierre de su gobierno dejó de pagar a proveedores contratados, e intentó aumentar la nómina de trabajadores, incluso sindicalizados, entre otras irresponsabilidades.
La lista de juicios, algunos en proceso de ejecutoria y otros ya con sentencia de cumplimiento de pago, representa una deuda de más de 46 millones de pesos que el gobierno tendría que liquidar para no incurrir en desacato y enfrentar una sentencia de destitución.
De manera desglosada, se trata de 7 juicios administrativos, entre ellos el que promovió Ferpa Chilpancingo, por un monto global de 32’280,391 pesos; tres juicios civiles, por 5’161,573; 30 juicios laborales por 7’153,903, y un juicio de amparo que implica el pago de 1’500,000.
SOLICITUD AL CONGRESO
Ante la gravedad del problema, el Cabildo aprobó el acuerdo SM/101/12-09-19 para solicitar al Congreso del Estado una partida especial para crear el sistema de convenios para pagos parciales, con el objetivo de cumplir las resoluciones condenatorias.
Omar Alexandre López Ortiz señaló que dicha solicitud será presentada en los próximos días a los diputados con la finalidad de que la consideren en el análisis de la Ley de Ingresos.
Recordó que la situación financiera de Jiutepec es grave, pues los pasivos que heredaron los gobiernos perredistas –en particular el de Agüero Tovar- ascendían a 715.3 mdp, entre deudas con proveedores, sueldos y salarios no cubiertos en 2018 a personal sindicalizado, adeudos con el Poder Ejecutivo estatal, pasivos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como recargos y actualizaciones del ISR del ejercicio fiscal 2018 y anteriores, según la revisión del proceso de entrega-recepción.
El 5 de mayo de 2019, en conferencia de prensa, Rafael Reyes informó que se promoverían denuncias penales en contra los responsables del quebranto financiero.
También solicitó al Congreso la aprobación de una auditoría especial, la cual supuestamente ya está en curso. e.
ANTONIETA SÁNCHEZ
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