compartir en:

No hay semana que no escuchemos, leamos, observemos que algún funcionario aproveche los micrófonos para hablar de la violencia en contra de las mujeres. Recientemente el secretario de gobierno Matías Quiroz Medina, repitió más o menos lo que ha venido diciendo: “Hoy las mujeres son y juegan un papel importante en la vida social y política del estado”.
Lo que sea que eso signifique lo dijo en reunión que realizó con las secretarias de Educación, de Salud, del Instituto de la Mujer, la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, e integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Todo esto por lo menos nos da a conocer que además del Instituto de la Mujer se han creado o instituido dos nuevos organismos para atender asuntos relativos a la violencia en contra de la mujer. No es poca cosa. Por eso nos seguimos preguntando ¿se ha logrado algo concreto a través de tantas dependencias atendiendo asuntos sobre violencia de género? 
Me temo que poco pueda responderse, si bien podría argumentarse que si en esas instituciones se han empleado a mujeres para darles trabajo, ya sería algo en cuanto a que todos sabemos que en situaciones de crisis económicas y de escases de puestos laborales, las primeras en ser apartadas de los trabajos son las mujeres y ya en segundo término el desempleo afecta a los hombres.  
Pero en cuanto a la labor para las que se crearon esas instituciones, me temo que no han logrado siquiera sembrar la indispensable cultura para evitar que las mujeres seamos víctimas de la violencia. Porque violencia no sólo es el hecho de pegarle una tunda a una mujer, o de plano asesinarla. Violencia la componen toda esa serie de actos que en el extremo llevan a los golpes y al asesinato y que pueden ser muy sutiles y aparentemente ni siquiera apreciados como actos de violencia porque la costumbre ha llevado a la propia mujer a recibir tratos infames no sólo de su pareja, sino del patrón, o de personas con quienes llega a tener tratos y desconocer si deben ser tolerados o si ameritan una sanción porque infringen algún reglamento.
No creo ser reiterativa si señalo asuntos de los que ya he escrito en otras ocasiones. Me refiero al trato que reciben las mujeres que tienen que acudir ante el MP para exponer el tema de acoso, o lo que es peor, una violación. Si no se enteraron que existe el Instituto de la Mujer donde me consta que el trato es entre seres humanos que comprenden la problemática que reviste un asunto tan delicado como el acoso y la violación, en el Ministerio Público las cosas siguen siendo como del siglo pasado: interrogatorios que rayan en lo denigrante, logrando que la mujer salga más deprimida de como entró a un lugar donde  va en calidad de víctima y esperando justicia. 
Véase también lo que pasa en los llamados centros de readaptación, es decir las cárceles en las que presuntas y culpables comparten celdas en una promiscuidad absoluta; o la sobrepoblación que hay en cualquier prisión de este país. Los juicios que se prolongan en un ir y venir esposadas a los juzgados, donde pese a la “modernidad” de los juicios orales, el resultado dista de ser mejor a lo que era antes. Por no hablar de lo caro que resulta para cualquier familiar de esas mujeres encarceladas a las que les cuesta desde el papel de baño, hasta poderse tomar un café medianamente tibio…
Y ni hablar de lo que ocurre en los ámbitos de justicia, en los que sobradamente las mujeres llevan la peor parte, porque son económicamente más débiles. En cada uno de los cientos de juicios que llevan los juzgados civiles por la aparentemente sencilla cuestión del pago de alimentos para los menores, normalmente iniciados por la madre que tiene la custodia de los hijos, los tiempos de espera son infames, son una de las formas más violentas que se ejerce contra el género. La mujer que tiene que enfrentar un juicio puede tardar años en recibir la pensión ordenada por un juez, si el padre de sus criaturas decide “hacérsela cansada”. No son uno, ni dos, sino docenas los juicios de esa naturaleza que se arrastran por tiempos prolongadísimos para forzar a la mujer a “arreglos” que nada arreglan sino aceptar la miseria que el padre decida darle a los hijos y a esa mujer en contubernio con la ley. En ese lapso, además, esa mujer no puede trabajar, porque su obligación primera es atender a los hijos del desobligado y mezquino padre y porque tiene que atender los asuntos relativos al juicio, o a los juicios que se le van interponiendo y tiene que atender citas con abogados a los que de alguna manera tiene que pagarles. ¿Usted sabe de algo que las autoridades hayan hecho para mejorar esta situación y que una mujer en esas condiciones reciba lo que la ley ya determinó y que es el nivel de vida que llevara los dos años anteriores al inicio del conflicto? En otras partes, concretamente en la Ciudad de México, hace tiempo ya que se agilizó este trámite que evita ese grado de violencia en contra de la mujer y un hombre que no cumple lo mandatado por el juez va a dar a la cárcel. Me explicaba una Maestra en Derecho morelense que ha estudiado el fenómeno, que se les ha pedido en el Congreso que los diputados colaboren con leyes más duras para los infractores, pero que éstos tuvieron la brillante salida de: “Pues si los padres no pagan estando fuera, menos lo van a hacer si están en la cárcel”.
Que siga entonces la violencia en contra de la mujer. Y que sigan los discursos de los funcionarios.
 

Por: Nadia Piemonte  /  [email protected]