Cuernavaca, Morelos.- Pondrán freno a quienes realicen cobranza extrajudicial indebida, ante el fenómeno que se ha incrementado considerablemente en Morelos; bancos, instituciones de crédito y tiendas departamentales por medio de su personal o a través de despachos de cobranza extrajudicial emprenden campañas en contra de deudores a efecto de lograr el cobro de sus activos.

Esto quedó de manifiesto al aprobarse en el Congreso una modificación al Código Penal para proteger a quienes sientan que han sido vulnerados o violados sus derechos.

De esta manera, se adiciona el artículo 147 Bis al Código Penal, para sancionar a quien “con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, intimide a otro con causarle daño en sus bienes o efectúe en su contra actos de hostigamiento”.

El artículo agrega que se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, “además de las sanciones que correspondan, si para tal efecto se emplearon documentación o sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión”.

Se subraya que “si bien es cierto que esta práctica se encuentra amparada en el ejercicio de un derecho de parte de estas instituciones crediticias, este derecho ha terminado por degenerarse e infringir derechos fundamentales de los deudores, como la salud, su privacidad, la paz y tranquilidad, lo que incide en la estabilidad de la familia”.

Cobro a los avales

Datos de la Comisión de Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef) señalan que durante 2015 recibió 13 mil 459 quejas por “gestión de cobranza indebida”.

        De las cuales, el 65 por c iento  fueron dirigidas a personas que no son deudores, del total de las quejas, 18 pr ciento fue por cobranzas con maltrato y ofensas, 12.7 por ciento a personas que ya habían pagado el crédito y menos del 1 por ciento a usuarios que aparecen como “obligados solidarios”, es decir, los que sí tienen un adeudo.

La modificación, que fue planteada por el diputado Mario Chávez   destaca la urgencia de “inhibir este tipo de conductas, a fin de sancionar penalmente a quien pretendiendo justificarse y ampararse en el ejercicio de un derecho, incurra en prácticas de amenazas o de violencia verbal en contra de sus deudores”.

Finalmente, se aclara que no se  busca limitar los posibles acuerdos que puedan generar las partes; de lo que se trata es de sancionar aquellas conductas que se erigen como un abuso del legítimo derecho de cobro y terminan por alterar la paz y tranquilidad de las personas, al exigir cobros de manera violenta o inadecuada, violentado derechos fundamentales.

Por: DDM REDACCION
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