A partir de la elección del 2006 el proceso político electoral presentó un panorama de declinación y no por tratarse de un reto a la equidad de las instituciones encargadas de la democracia, en este sentido, sino por la solidez del proceso de consolidación de la misma, cuya fragilidad se ha vuelto en contra de partidos y candidatos, de ahí que ahora se vean precisados a recurrir a alianzas para conservar el poder. Desde la década de los noventa hasta el año 2000 pudo apreciarse claramente un compromiso de la sociedad con los valores democráticos. Uno de los rasgos que caracterizan a la transición política  mexicana ha sido la preferencia de la mayoría ciudadana de recorrer de manera pacìfica los procesos electorales, depositando un alto grado de confianza en sus dirigentes, mismos que, dicen siempre, comprometerse con el cambio político, independientemente del partido al que pertenezcan, empeñados en caminar un sendero que evitara la confrontación, la inestabilidad y la mano dura. El levantamiento zapatista, iniciado  en Chiapas a finales de 1994, fue rechazado por la mayoría, sin que por ello dejaran de reconocerse las condiciones de vida de los indígenas mexicanos, que hasta el dìa de hoy representan una herida nacional que llama a negociar, a dialogar para lograr la reconciliación con el gobierno, por ello al mismo tiempo que se rechazó la violencia como medio de cambio político, se exigió tolerancia para llamar al zapatismo a incorporarse a la política democrática. El cambio de las instituciones para dar lugar a la democracia propició que ese año se llegara a los acuerdos  de la mesa de Barcelona que condujeron a la reforma de las instituciones electorales, arrastrando una secuela de cambios sobre la maltrecha Federación en su conjunto. Dichos cambios rindieron frutos para la izquierda, sobre todo en las elecciones de 1997 y 2000 cambiando radicalmente el mapa político de México. El dato más importante de esta transformación es que hizo posible que el partido que gobernó durante 71 años perdiera la mayoría de los asientos de la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República enfrentándose a la posibilidad de una debida transformación que, para desgracia de los mexicanos, ni siquiera ha sido iniciada, pues los liderazgos políticos en los que la sociedad confió para hacer posible el cambio democrático quedaron en el olvido. La capacidad para la negociación de las soluciones que el país requiere con urgencia en varios asuntos, la patética esterilidad para producir desde las posiciones alcanzadas los cambios institucionales que obliguen a cada fuerza a cumplir con su deber, desembocan en contubernios que la ética rechaza tajantemente, que contemporizan con el hampa política que dominò la estructura del régimen por màs de siete décadas. La sociedad evalúa esta situación mostrando su desprecio a la política, que quedan demostrados con los sondeos  de opinión y este descontento, que amenaza con convertirse en enojo, debería hacer sonar las alarmas de la clase política, las que parece están desactivadas porque así conviene a sus intereses, porque están encerrados en la irresponsabilidad, ocupados en el sabotaje mutuo que no es otra cosa que el sabotaje a la vida de todos los mexicanos, de ahí que los ciudadanos ya no creen que la pluralidad política pueda traer algún día un cambio que haga su vida diaria menos precaria. Los ciudadanos, sobre todo los damnificados por los huracanes y los terremotos de septiembre, esperan que realmente se lleve a cabo una reconstrucción  que les permita recuperar sus hogares destruidos por la fuerza de la naturaleza, pero ellos, y todos los demás deseamos que la reconstrucción emane desde la moral, desde la honestidad de todos aquellos políticos que han demostrado que de humanos sólo tienen la apariencia física. El conteo para que Los Pinos cambie de inquilinos no sólo debe ser la transición política del 2018, no sólo debe servir para que un nuevo (o nueva) jefe del  Ejecutivo Federal obtenga una pensión vitalicia por permitir que el pueblo siga servicios de salud y educativos de calidad, porque los salarios sean tan raquíticos como la dieta de millones de trabajadores mexicanos que pasan más de la mitad de su vida trabajando y reciben como “recompensa” una pensión que no alcanza ni para comprar la canasta básica, ni para tener una vejez digna.

Por: Helena Cárdenas /  [email protected]