En 2015 se dio paso lo que para muchos definiría la vida formal de todo funcionario mediante la exterminación de cualquier conflicto de interés, se trata de la promulgación de la reforma constitucional que daba paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Misma que, dijeron, abarcaría todos los niveles  de gobierno y permitiría que los expedientes queden abiertos durante los siguientes siete años de haber dejado el cargo. Este sistema garantiza la facultad de fiscalizar de manera permanente el destino de los recursos públicos. Han pasado tres años y todo sigue igual, todos alegan ataques políticos y con ello se libran de lo que debe catalogarse como robo, pero que para ellos es un delito menor. Tiempo atrás  la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) había solicitado al gobierno mexicano una política de datos abiertos para evitar la corrupción gubernamental.  Sabemos que es una falacia. Si entra usted al portal donde supuestamente puede obtener cualquier información gubernamental, podrá  conocer los salarios de los funcionarios y a veces ni eso, porque algunas dependencias tienen sus candados, piden la clave del trabajador y ésta, como es de suponerse, sólo la conoce su centro de trabajo y el mismo trabajador. Asìi frenan la curiosidad ciudadana. Existen también las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos pero están más manoseadas que los aguacates de tianguis. Para saquear al erario nuestros “honorables” funcionarios  tienen  artimañas, como colocar a sus parientes y amigos en las oficinas contables o en los institutos de transparencia de sus estados, de esta manera cubren sus robos y engrosan sus cuentas bancarias. México obtuvo una puntuación de 35, en el ranking general de percepción de la corrupción,  colocándose  en la posición 103 entre 175 países analizados.  La escala se mide de cero, que es el nivel más alto de corrupción a 100 que es el más bajo. Estos datos corresponden al Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que fue elaborado por el organismo internacional, el cual indica que: “Existe una amplia brecha entre México y las principales economías con las que comercia y compite. En América Latina más de 30 posiciones separan a México de Brasil, su principal competidor económico en la región, además se encuentra 82 lugares  por debajo de Chile, 18 lugares por debajo de Perú y 9 lugares por debajo de Colombia”. De 2013 a 2014 México subió sólo un punto. Se llevó a cabo también una comparación de la corrupción que existe dentro del Grupo de los 20, que agrupa a las más importantes economías del mundo;  México se ubica en la posición 16, únicamente por delante de Argentina, Indonesia y Rusia. Hay que destacar que de cada tres países analizados, dos se colocaron por debajo de los 50 puntos y que la mejor puntuación correspondió a Dinamarca, con 92 puntos.  La OCDE considera que para que México avance debe cambiar  la estrategia anticorrupción. Sólo asi saldrá del estancamiento en que se encuentra desde hace más de una década. Para conseguirlo propone: 1. La creación de un sistema nacional anticorrupción que articule tanto al naciente Sistema Nacional de Transparencia con el de Fiscalización y Control. 2. Creación de una Fiscalía Anticorrupción, tomando en cuenta que México necesita urgentemente órganos de control y fiscalización con independencia y un Tribunal Federal de Responsabilidades para los tres ordenes de gobierno. Este, por supuesto debería tener autenticidad, señala el organismo, que, en otras palabras indica que debe ser dirigido por personas honestas. Como dijeran en mi pueblo, “ahí es donde la puerca torció el rabo”, porque para encontrar gente con este perfil esta canijo,  porque el dedazo es el sistema de elección.  Aclaro,  en México si hay gente honesta, pero  no son políticos.  Hay que recordar cuántos políticos que se decían del pueblo y hablaban de honestidad, cambio y criticaban a los corruptos, cuando el voto los favoreció se contagiaron de ese mal incurable llamado corrupción. 3. Establecer una legislación general para definir, regular y sancionar el conflicto de interés dentro de los tres poderes, asìi como para los gobiernos estatales y municipales. Este es un punto muy importante, porque en los estados y municipios se despachan con la cuchara grande. La prueba: todos hablan de gastos millonarios en obras, desarrollo social y la pobreza va en aumento y los pueblos y ciudades siempre tienen las mismas carencias, mientras ellos pronto pasan de vivir en una casa de interés social a una residencia y asi van progresando, haciéndose de sus propiedades, en tanto  el pueblo sigue sufriendo. 4. Incorporar al blindaje electoral 2015, el que todo aspirante haga pública su declaración patrimonial, su declaración de impuestos de los últimos cinco años y una declaración de potencial conflicto de intereses. Aunque seria mucho mejor que los políticos que tienen 20 o 30 años de carrera pública presentaran una declaración patrimonial anterior a su primer cargo como servidores públicos. De esta manera sería más fácil hacer cuentas para que los bienes adquiridos que no se justificaran con los salarios percibidos fueran confiscados. La pregunta es: ¿Quién se encargaría de juzgarlos si ellos hacen las leyes?  Son juez y parte. 5. Que las acciones de gobierno y parlamento abierto se conviertan en auténticas prácticas, más allá del Plan de Acción 2015 al que México se comprometió. Acabar con la corrupción… otro sueño.

Por: Helena Cárdenas /  [email protected]