compartir en:

Aunque el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, preocupado por el aumento en el número de desapariciones forzadas, presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales  que actúan con apoyo directo  o indirecto de agentes del Estado en entidades como Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León y muchos más, urgió al gobierno de México a abolir la figura del arraigo y aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas, este flagelo continúa. El organismo internacional señaló  que el Estado mexicano elevó a rango constitucional la figura del arraigo desde el 2008 y que aún así no se ven resultados favorables. Entre la serie de recomendaciones finales, que fueron publicadas en la Convención de Ginebra al revisarse  el informe de las actividades de México en este rubro, el Comité solicitó garantizar que los casos de desapariciones forzadas sean “investigados de forma pronta exhaustiva y eficaz”;  castigando a los culpables con sanciones acordes a la gravedad del delito; acelerar el establecimiento del Mecanismo de Protección previsto en la ley para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y  periodistas; garantizar que las confesiones obtenidas mediante actos de tortura y malos tratos no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento; realizar exámenes médicos independientes cada vez que se presente una denuncia de tortura y llevar a cabo una investigación pronta e imparcial cuando exista sospecha de tortura  especialmente cuando la única prueba contra el acusado sea su confesión. Entre otras recomendaciones pidió a las autoridades mexicanas  el cumplimiento del Protocolo de Estambul; aprobar una Ley de Justicia para Adolescentes; mejorar las condiciones de cárceles, centros siquiátricos y centros para migrantes y manifestó la urgencia de que el Estado mexicano modifique el Código de Justicia Militar de conformidad con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que señalar que al Comité le faltó urgir al gobierno mexicano a la desaparición del fuero para que cuando se compruebe que algún gobernador, diputado local o federal, senador o, si fuera el caso, el jefe del Ejecutivo Federal incurra en complicidad con los criminales o cualquier otro delito grave, se les aplique todo el rigor de la Ley y sean encarcelados en un penal en lugar de ser arraigados en sus residencias o cualquier otro lugar con comodidades mientras se lleva a cabo el juicio político que les hace lo mismo que el viento a Juárez. Los ciudadanos esperaban verdaderos  cambios en cuestiones de seguridad pero faltan dos años para que concluya la actual administración y todo va de mal en peor. Al inicio del sexenio, a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por la vía del fast track con 333 votos a favor 50 en contra y 84 abstenciones, el proyecto de reorganización gubernamental, por lo que la Secretaría de Gobernación sería la institución encargada de realizar las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública. El documento establece la atribución de “reforzar, cuando asì se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran e intervenir ante situaciones de peligro o cuando se vean amenazados por aquellos que impliquen violencia o riesgo inminente”. Ante esto el PRD y ahora que el PAN volvió a la oposición, subrayaron la necesidad de salvaguardar los derechos de manifestación pacífica y libre asociación de los ciudadanos. Para los morelenses éstas fueron  buenas noticias porque así la Secretaría de Gobernación reforzaría el pacto que llevaron a cabo los gobernadores de Morelos y el Estado de México, Graco Ramìrez y Eruviel Avila, con sus respectivas fuerzas militares, para frenar la criminalidad en las zonas limítrofes donde grupos de delincuentes son denunciados  por secuestro, trasiego de droga, homicidios dolosos y despojos, además de tala clandestina. La paz social a retornaría  nuestro estado bello y queridísimo estado. No se hizo realidad este recurrente sueño social ni aquí ni en todo el territorio nacional. Asociaciones nacionales e internacionales, que luchan para que la paz retorne a los hogares y calles de todo el país, aseguran que el sistema de justicia no funciona pues, ya sea por omisión o corrupción los delincuentes pudientes no pisan los penales o salen de ellos aún siendo culpables. Indican que los centros de readaptación social funcionan como si tuvieran puertas giratorias; salen y regresan inmediatamente porque no son capacitados para su reinserción social y porque no hay trabajos para quienes si quieren regenerarse. Los luchadores sociales aseguran que la función de los policías está delimitada por la forma en que deben rendir cuentas cuando realizan aprehensiones y otros  solapan a los delincuentes. ¿Podrá retornar la paz en dos años o el tema de la seguridad pasará a segundo término ante la búsqueda del poder vía elecciones del 2018?   

Por: Helena Cárdenas / [email protected]