Vivimos índices de criminalidad que hacen que todo el territorio nacional parezca un país en guerra y, se supone que, según sus detractores, esto ocurría por la guerra contra la delincuencia que emprendió el ex presidente Felipe Calderón. En materia de seguridad y justicia la realidad es cruel y tiene sumidos en el sufrimiento a miles de víctimas. La paz parece inalcanzable debido a que las instituciones  son obsoletas porque tienen esquemas jurídicos ineficaces que no han podido enfrentar realmente a la delincuencia, porque la justicia se vende al mejor postor. Educación, derechos humanos, salud, empleo, salarios, son unos de los tantos problemas que aquejan a los  mexicanos. Problemas que no enfrentan esos mexicanos que para obtener el poder hacen campañas millonarias en las que el discurso está plagado de mentiras. Los candidatos y partidos políticos , en campaña  y ya en el poder , se dedican a estar una constante y falsa confrontación,  lo que podemos comprobar con las alianzas que nos muestran que las plataformas políticas de derecha o izquierda, del tricolor, azul, amarillo, verde, naranja, etc., son totalmente iguales: “Estar en el poder”. Lo demás es lo de menos.  El sistema de juicios penales, aunque ha tenido algunas modificaciones, como son actualmente los juicios orales, está muy lejos de responder a la realidad nacional que debería ser de cero impunidad. Por otra parte no hay prontitud, certeza y seguridad jurídica en los procesos de ahí que muchos ciudadanos prefieren no denunciar los delitos. Los estudiosos de la inseguridad nacional aseguran que más del 70 por ciento de los delitos no son denunciados, esto quiere decir que si sólo un millón de delitos, aproximadamente, se denuncian, se cometen más de doce millones de delitos al año. El punto medular en un país con extrema inseguridad es el análisis objetivo, serio, responsable, de la situación. Según las autoridades policiacas y los ejecutivos municipales y estatales, tienen detectados los puntos delictivos en sus territorios, conocen la incidencia delictiva de cada calle y colonia; saben también los motivos que influyen en esta incidencia. Cuando detonó  la bomba delictiva  argumentaban que la situación no podía superarse debido a que no conocían, a detalle, el diagnóstico de la misma. Así han pasado los años, se habla de cambio de estrategias, de prevención del delito vía programas integrales en cultura de la legalidad. Las instituciones dicen involucrase, comprometerse; lo mismo hace la sociedad civil al insistir en temas como la transparencia para evitar que la impunidad siga permitiendo que quienes violentan las calles de cada, pueblo, de cada ciudad de nuestro país, sigan en las calles, salgan bien librados de los procesos penales o se fuguen de las cárceles. Sigue siendo cuestionado el asunto de la falta de dirección, el don de mando y las estrategias para coordinar y vigilar los métodos de operación de las corporaciones policiacas. Hace doce años el tema del mando único a muchos les parecía contraproducente ya que si la máxima autoridad de un estado solapa a los delincuentes propicia el aumento de la criminalidad. El rechazo sigue existiendo en lo que respecta a algunos municipios de los estados que han implementado, o pretenden hacerlo, esta estrategia, por lo que un mando único nacional es más cuestionado porque si  entre políticos se tienen desconfianza, los ciudadanos sienten lo mismo… desconfían de los funcionarios, de los policías, de las procuradurías de justicia de cada entidad. No denuncian, no por miedo a los agresores, sino porque saben que, muchas veces, van a perder su tiempo mientras los responsables del delito denunciado escapan, pues el cumplimiento de la ley aplica hacia la víctima no hacia el victimario. El sistema de justicia penal tiene mecanismos que, por un lado dañan más a la víctima y, por el otro privilegian a quienes quebrantan la ley. El sistema de readaptación social es otra cloaca… se dice que los educan, los capacitan para el trabajo a fin de que puedan reincorporarse a la sociedad y fuera de los penales no existen los mecanismos para que la reinserción sea real, sobre todo, porque no hay empleos y los existentes son mal pagados. No se pueden solventar los gastos de vivienda, educación, salud, alimentación, ropa, calzado, luz, agua, gas, transporte para tres, o más miembros de la familia, con un salario de tres a cinco mil pesos mensuales. ¿A qué conlleva esta crisis económica familiar? A la desintegración familiar, que puede ocurrir si el padre decide arriesgar la vida cruzando la frontera con los Estados Unidos. En territorio mexicano, la necesidad económica obliga a la esposa a trabajar también, dejando a los hijos solos casi todo el día. Para muchos niños y jóvenes este abandono físico por parte del padre y la madre representa  libertad, les abre la puerta al libertinaje y terminan con malas compañías y desgraciadamente los delincuentes andan a la caza de jóvenes para incorporarlos a sus filas. La falta de empleos y los bajos salarios son, aquí y en cualquier país lo que orilla a muchos jóvenes y adultos a delinquir. Pero las autoridades no quieren aceptarlo porque la pobreza es un método eficaz para someter al pueblo.   

Por: Helena Cárdenas /  [email protected]