El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó a la Procuraduría General de la República porque, dice, tardaron siete meses en llamar a declarar a la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez López, ligada al Chapo Guzmán, y retó al Ministerio Público a presentar la solicitud de desafuero con el compromiso de que su partido votará a favor. Cómo es costumbre se habla de manejo político del caso, aunque todos sabemos que quienes tienen fuero no lo pierden ni siendo desaforados, y está práctica es muy añeja. El 23 de agosto de 1787 se  presentó un compromiso mediante el cual el gobierno federal se reservó la facultad de reglamentar, organizar, armar y disciplinar a la milicia, mientras que los estados nombrarían a los oficiales y se encargarían de entrenar a los militares. Fue así como las faltas de disciplina militar se volvieron absoluta competencia de ellos mismos, quedando esta decisión plasmada en la Constituciòn de 1824, en su artículo 50, fracción XIX y está vigente en la Constitución de 1917 a través del Artìculo 13: “Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda” y se contrapone a la primera parte del artículo donde se establece que: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley”.  Los militares no son los únicos que pueden evadir las leyes que juzgan al común de los mortales mexicanos; tenemos el caso de los funcionarios de alto nivel, a quienes cualquier ley les hace lo que el viento a Juárez: el fuero que  cuenta  con un excelente aliad: la corrupción. Por este concubinato entre el fuero y la corrupción es que los funcionarios de alto nivel pueden gozar de emolumentos que rebasan el verdadero significado de “compensación por servicios públicos” pues lo que menos hacen es servir a los ciudadanos. Las “leyes” que los vuelven millonarios las hacen ellos mismos. Pero no sólo se ocupan de ellos, no, también “trabajan arduamente” haciendo  las leyes que vuelven cada día más pobres a quienes no son parte de esta elite. Con leyes que impiden el progreso del resto de la población pagan el sufragio que les dio el poder de decidir el futuro de los mexicanos. Dice el Artículo 110 Constitucional: ”Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo,los Diputados de Asamblea del Distrito Federal (ahora deberá decir de la Ciudad de México),el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Los gobernadores, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán se sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponde”.  Otros intocables son el presidente de la República y los embajadores. ¿En qué perjudica a un funcionario el juicio político? En nada. Siguen teniendo el mismo poder; continúan siendo apoyados por sus amigos y correligionarios… esperando el momento propicio para regresar a hacer de las suyas e impedir que México pierda su “honroso” primer lugar en corrupción, conseguido porque los sistemas  de castigo no llegan a quienes cometen delitos. Lo que no es otra cosa que la manipulación de la justicia a favor de los poderosos.

Helena Cárdenas / [email protected]

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