Al terminar el sexenio quedarán asuntos como el contenido en los artículos 80 y 81 de la Ley General de Aguas que dice que “estará permitida la participación social y privada en todo lo que tenga que ver con proveer el agua a la población”, lo que representa la privatización de dicho servicio y traería graves problemas pues, tal disposición representa una flagrante violación a los derechos humanos de los consumidores del vital líquido primero porque para llevar a cabo una medida de esta magnitud es necesaria la opinión de toda la ciudadanía y segundo porque cada casa habitación, negocio e industria pagó al sistema de agua potable que le corresponde una cantidad al momento de efectuar el contrato mediante el cual dispondrá del líquido en el inmueble o terreno, por esta simple razón el gobierno no puede efectuar una privatización ya que en un contrato existen dos partes, en este caso los gobiernos municipales y el ciudadano correspondiente. Para efectuar la privatización del agua es necesario que los usuarios den su consentimiento porque resultarían afectados territorios y comunidades  rurales y urbanas. En el articulo 10 de la ley mencionada se establece garantizar un mínimo de 50 litros al día por persona cuando la Organización Mundial de la Salud estipula que cada individuo necesita al menos 100 litros, por supuesto sabemos que esto no es lo que ocurre en los hechos porque hay ciudades como Cuernavaca, donde la población carece de este servicio que, sin embargo, se cobra rigurosamente, provocando en los pobladores un justificado descontento. La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputado, que en 2015 encabezara el priista Kamel Athie Flores, aseguró que no es un intento de privatización sino que el PRD en las campañas intermedias en el Distrito Federal y estuvo satanizando las buenas iniciativas. Según el priista desde hace años está permitida la participación del sector privado en algunos proyectos y obras para el abastecimiento de aguas. Aseguró que nueve millones de mexicanos no cuentan con servicio de agua potable, que la nueva ley garantiza el agua como un derechos humano y que los 111 millones de mexicanos, que son actualmente el nùmero de usuarios, tendrán la certeza de que no les faltará el líquido en los próximos años. El legislador afirma que se están tomando en cuenta las opiniones ciudadanas y que el proyecto de esta ley tiene dos años, que se han realizado foros en las comisiones dictaminadoras en los que han participado organizaciones civiles y expertos y además se recabaron opiniones en diferentes estados de la Republica. Seguramente las opiniones fueron entre sus correligionarios porque los ciudadanos están prácticamente horrorizados con sólo escuchar Ley General de Aguas y no es para menos porque hasta ahora ninguna de las reformas o leyes ha beneficiado a todos los mexicanos. La junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó aplazar indefinidamente la votación de esta ley luego de que los legisladores perredistas y de Morena amenazaron con iniciar acciones de resistencia civil con el fin de frenar este disfrazado intento de privatización. Los diputados del PRD Y Morena sostienen que la ley dejará en manos de la iniciativa privada la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos, con lo que se pone en riesgo el derecho humano al agua. El priìsta Manlio Fabio Beltrones asegura que quienes se oponen a esta ley lo hacen por razones políticas y los calificó como “políticos demagogos”, porque, dice, que no tienen ningún elemento válido sobre la privatización del agua. Este aplazamiento era de esperarse ante el clima electoral que se vivía pues con una ley tan inhumana el PRI corría el riesgo de perder la mayoría tanto a nivel federal como en algunos estados. Así que con el argumento de que le están dando la oportunidad a quienes “no conocen del tema” de que se ilustren detuvieron la votación. En éste, como en otros temas de interés social, el temor es que vuelvan a la carga y entonces si, los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza, entre los que se encuentran màs de diez millones en pobreza extrema, seguramente, tendrán que incorporarse no sólo al programa Sin Hambre, sino también a otro que habrá de implementar el benévolo gobierno: SIN SED. Una de las formas de acaparamiento son los trasvases que es el uso y explotación del agua trasladada a una cuenca de particulares que les permitirá sobreexplotar el agua por 30 años con derecho a prórroga. La prórroga de concesiones a particulares, según la nueva ley, puede ser de hasta 60 años con opción a renovarlas las veces que quieran, con esto los recursos hídricos serían acaparados, explotados y comercializados como mejor les plazca a los particulares que los manejen, dejando a la población condenada a pagar el precio que se les dé la gana a quienes prácticamente serían los nuevos dueños del agua. En Morelos, en 2015, José Manuel Agüero Tovar promovió en su precampaña que el agua fuera administrada por particulares.  Promoviendo una ley priista,  en su búsqueda de la alcaldía de Jiutepec, lo que indicaba que   apoyará la ley que puede retomarse una vez pasadas las elecciones.  Los altos mandos del poder se pueden mover arriba y abajo del agua y hacer lo que les plazca, sin importar la ciudadanía.

Por: Helena Cárdenas / [email protected]

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