Al tratar de cruzar por territorio mexicano en busca del sueño americano, los migrantes de Centro y Sudamérica se enfrentan a expulsiones colectivas, detenciones arbitrarias, llevadas a cabo en condiciones inhumanas, extorsiones en las que participan actores políticos y privados con una total impunidad, negación de acceso a la justicia y tráfico y trata de personas. Así lo dio a conocer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el informe que presentó durante el periodo 31de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de este organismo en el que se dieran a conocer las políticas migratorias restrictivas que se llevaron a cabo en México (siendo el homólogo de Enrique Peña Nieto, el ex presidente Barak Obama) bajo el argumento de “cuestiones de seguridad”. Como suele ocurrir los niños y las mujeres son quienes más sufren de estas violaciones a sus derechos humanos en suelo mexicano. El año pasado fueron detenidas en estaciones migratorias 46 mil 486 mujeres y niñas migrantes; las condiciones en que se encontraban eran deplorables: falta de atención médica, restricciones para comunicarse con sus familiares, niños y niñas separados de sus madres, falta de información sobre sus derechos y carencia de la representación legal gratuita que debe proporcionar el Estado, todo esto fue el detonante para que los migrantes tuvieran daños severos en su salud física y emocional. Las políticas migratorias de deportación se basan en el “rescate y devolución” en lugar de llevar  a cabo un estudio mediante el cual se garanticen los derechos humanos de las personas como son su integridad emocional y física, ya que son personas sumamente vulnerables, seres humanos que han sufrido carencias de todo tipo en sus países de origen y que con las últimas fuerzas que les quedan tratan de llegar a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. El 80 por ciento de las mujeres y niñas detenidas durante el 2015 en las estaciones migratorias de México fueron devueltas a sus países. El informe de la Oficina del Alto Comisionado hace hincapié en un punto sustancial… los migrantes en tránsito por territorio mexicano son víctimas de abusos de parte de funcionarios públicos y agentes privados, quienes con absoluta impunidad hacen con ellos los que les viene en gana y, por supuesto, no permiten que se les haga justicia. En el documento sostienen que estos abusos ocurren, sobre todo en las mujeres y niñas,  porque en sus países de origen sus derechos humanos nunca fueron respetados y, a pesar de que tomaron la decisión de liberarse de los maltratos, sicológicamente siguen atadas a esa vida y permiten nuevamente las vejaciones; mientras que el país por el que transitan hay total incongruencia entre las políticas migratorias, los medios jurídicos de protección a los derechos humanos, la discriminación, la xenofobia, la desigualdad y exclusión social, los derechos humanos de las mujeres migrantes como son la protección y la garantía de la vida, con la legislación y toda esta incongruencia tiene lugar por la corrupción que prevalece en todos los niveles de gobierno en México que conlleva a la falta de rendición de cuentas, a la impunidad. Abuso y explotación son las condiciones a que se enfrentan los migrantes en tránsito, sobre todo las mujeres, niñas y niños. El representante legal contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Aproximadamente el 50 por ciento de los migrantes mexicanos y centroamericanos utilizan los servicios de los llamados “polleros” y algunas de estas personas tienen nexos con delincuentes que se dedican a la trata de personas, sin embargo, no existe una estrategia dirigida a este tipo de delincuencia que, después de las drogas, es el “negocio” que da más ganancias porque las redes criminales operan a nivel mundial y ocupan a las personas en la explotación laboral y sexual hasta el tráfico de órganos. Oficialmente dicen no haber encontrado las causas por las que las personas deciden ser parte del fenómeno migratorio, aunque saben que pueden caer en las garras de los tratantes de personas, pero en realidad lo que hace falta es que los gobiernos acepten que sus respectivas políticas económicas, las complicidades con los grupos criminales y falta de atención en el tema de seguridad, son las causas por las que miles de personas, cada año, deciden arriesgar la vida en lugar de esperar el momento en que mueran de hambre o sean reclutados por el crimen organizado. Las políticas migratorias  de México deben ser coherentes, pues el gobierno no puede insistir en que su homólogo, en turno, de Estados Unidos mantenga una política migratoria de puertas abiertas mientras los migrantes que llegan a suelo mexicano son maltratados.  El gobierno mexicano defiende los derechos humanos de los mexicanos que radican en el extranjero, sobre todo en el vecino país del norte, y no acepta que esos mexicanos se fueron porque sus derechos humanos no fueron respetados, porque sus garantías constitucionales como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, etc., no son respetados. Cuando el gobierno mexicano acepte sus culpas, pero sobre todo, cuando las corrija ya no habrá migrantes y, por supuesto, no habrá remesas millonarias; divisas que permiten a muchos funcionarios vivir sin que sus derechos humanos sean pisoteados. Eso es lo que les duele, perder, porque si les preocuparan las personas aquí, en territorio mexicano, no habría más de 60 millones de mexicanos sobreviviendo en condiciones de pobreza.

A fondo
Helena Cárdenas
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