La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será reformada. El sistema de justicia y su procuración ha sido uno de los pendientes de todos los gobiernos recientes. AMLO propone que los ministros y los jueces sean designados por voto popular. Cree, que al ser electos por la población, los jueces serán mejores, incorruptos, justos y sabios. En 1994, Zedillo reformó la SCJN y cambió la forma de designar a los ministros. El Ejecutivo proponía y el senado escogía 11 perfiles de entre 18 propuestas. Con período de 15 años y renovación escalonada. La reforma a la SCJN propuesta por AMLO será aprobada en los últimos días de su mandato. Zedillo la hizo al inicio. La ley de Zedillo creó el Consejo de la Judicatura para vigilar y sancionar a jueces y magistrados. Dijo EZP en su primer informe: “Por primera vez en nuestra historia, la SCJN es un órgano genuinamente autónomo, electo por el Senado de la República. Se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del presidente de la Corte”. Investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM analizaron la propuesta del presidente en un texto llamado “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024). Observan que implementar la reforma propuesta es un problema “… mayúsculo, ya que implicará el cese inmediato de 1,665 ministros, magistraturas y judicaturas, y generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”. El texto plantea enormes dificultades que se desprenderían de las modificaciones a la Constitución. El sistema se desmoronaría. La SCJN resuelve las controversias que se suscitan en la interpretación de las leyes entre los poderes, esencialmente. Son los poderes judiciales de las entidades federativas quienes resuelven los problemas del día día de los ciudadanos comunes y corrientes. No hay juristas que no estén de acuerdo en que el poder judicial federal requiere de una reforma. Sin embargo, se ve imposible mejorar el sistema de justicia mexicano… eligiendo a los jueces con el voto popular. Presenta demasiados riesgos para la implementación, como lo señalan los autores del documento del IINJ de la UNAM. En el análisis de la reforma del Poder Judicial concluyen: “Cuando el PJF deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia. Para no ir más lejos, sin independencia judicial, el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder; y la propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos”. En suma, peligra la democracia. Seremos cautivos de los vaivenes de la política. En Morelos, una reforma profunda (seguramente también en el resto de las entidades), se antoja como urgente e indispensable. La forma como fueron designados los actuales magistrados por el Congreso de Morelos es una vergüenza. Con el reconocimiento internacional por su clima y su historia, resulta indignante el proceso de designación de los magistrados y las polémicas del Tribunal Superior de Justicia que son auténticos sainetes. Morelos no merece un sistema de justicia como el que tenemos actualmente. El nuevo poder ejecutivo de Morelos, enfrentará el reto más grande: plantear la reforma del poder judicial. El nuevo Congreso tiene frente a sí, la gran posibilidad de pasar a la historia. Ojalá.
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