En Morelos hemos observado cómo algunos municipios han tomado decisiones para evitar ser contagiados por el coronavirus, como en otras partes del país, impidiendo el libre tránsito de personas.
Seguramente no ha sido fácil tomar ese tipo de medidas extremas para proteger su salud. Salta a la vista el conflicto que se da en la protección de los derechos humanos. Por un lado el derecho a la vida , por el otro el derecho a la libertad. Un auténtico conflicto que aún en los países más avanzados ha puesto a prueba a los gobiernos. Salud vs. Economía.
Es un frágil equilibrio entre los derechos. Saldrán mejor librados aquellos países, estados o municipios, que hayan considerado y tomado en serio la Resolución 1/2020 de la CIDH que, partiendo de un diagnóstico fundamental y elaborado con la participación de todos los países de América, nos permite observar las enormes diferencias entre ricos y pobres, lo que dificulta hacer frente a la pandemia y respetar los derechos humanos.
La Resolución 1/2020 de la CIDH titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, sin piedad nos dice que Las Américas es la región más desigual del planeta, donde la pobreza es un problema transversal en todos los Estados, destacando el problema de acceso al agua potable y al saneamiento. O sea, lo básico. La informalidad en el trabajo con ingresos precarios preocupa por el impacto que tiene para poder enfrentar la enfermedad.
La Resolución hace notar los altos índices de violencia en la región, que van de la mano con la corrupción y la impunidad. Violencia que se desborda cuando se trata de controlar las manifestaciones sociales.
En el caso de México, se entrevera el conflicto social con el crimen organizado.
Destaca en el diagnóstico que las medidas para contener, enfrentar y prevenir los efectos de la pandemia ha suspendido y restringido algunos de los derechos mediante la declaración de estado de emergencia, de excepción, de catástrofe o emergencia sanitaria; mediante decretos o medidas diferentes con el fin de proteger la salud pública. Así, observa las limitaciones impuestas a la libertad de expresión, el acceso a la información pública, a la propiedad privada o al libre tránsito.
Ante ciertos acontecimientos observados en Morelos y en algunas Entidades federativas, destaco de la Resolución algunas recomendaciones que deben ser guía para la toma de decisiones de los distintos niveles de gobierno.
Señala la recomendación 1/2020, que se deben adoptar de forma inmediata… medidas que sea adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad de las personas en riesgo. Tener el enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política y medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia. De manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los DH. En casos extremos en que sea necesaria la suspensión de determinados derechos, se deberán cumplir los requisitos que impone el derecho internacional de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad , a fin de evitar el uso ilegal, abusivo y desproporcionado que viole los derechos humanos y afecte el sistema democrático.
Destaca en su numeral 5, la protección que debe darse a los trabajadores: “Las personas que hayan de proseguir realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de contagio del virus y, en general, se debe dar adecuada protección a los trabajos, salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derechos sociales…”
México forma parte de la comunidad que integra la CIDH y está obligado a obedecer sus lineamientos. Ha sido visible el gran retraso en la falta de protección a los empleados de salud, quienes han tenido que desarrollar sus actividades con frecuencia sin las medidas de protección adecuadas y sin las pruebas diagnósticas ni terapéuticas a la mano; la suspensión del libre tránsito en algunas localidades y entidades; la discriminación en la utilización de los recursos y la infraestructura en salud ; el derecho a la información que con frecuencia ha sido negada ;la amenaza de disminuir el salario a ciertos empleados de la administración pública federal , como si la medida fuera a resolver la situación económica del país; el intento para controlar el presupuesto de manera autoritaria desde el poder ejecutivo; la falta de estímulos económicos para las pequeñas empresas a la par que se mantienen los gastos en proyectos federales multimillonarios que podrían postergarse.
Las autoridades de nuestro país deberían echarle un ojo a la Resolución de la CIDH. Pues allí pueden encontrar los lineamientos que les permitan orientar sus políticas públicas sin lastimar los derechos fundamentales. (https://www.oas.org)
La notable ausencia de la Comisión Nacional y de la Estatal de Derechos Humanos es lamentable. Al “Donar” 100 millones de pesos (Que no puede), la CNDH se muestra ajena a la tragedia. El discurso en su página electrónica es patético. En Morelos… ¿Existe una CEDH?.
Es el gran momento de las Instituciones responsables de velar por los Derechos Humanos. Es el momento de hacerse presente en las decisiones de gobierno. Expresando sus inquietudes o bien acompañando a los lastimados por la violaciones sufridas.