CUERNAVACA, MORELOS.- Los bienes muebles e inmuebles, propiedad de servidores públicos, cuya procedencia u origen no esté debidamente justificada, les serán decomisados, en caso de que haya señalamiento de enriquecimiento ilícito.
Así lo plantea una nueva reforma al Código Penal, que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso ya aprobó y espera que sea validada por los diputados en Pleno.
La propuesta es de la autoría del grupo parlamentario del PAN; de manera concreta los diputados del albiazul promovieron que el artículo 280 del ordenamiento señalado fuera adicionado con un nuevo párrafo.
“La iniciativa tiene como finalidad sancionar a los servidores públicos que incurran en el delito de enriquecimiento ilícito, con el decomiso de los bienes cuya procedencia no logren acreditar”, precisó la iniciativa, presentada el pasado mes de septiembre para que fuera valorada y dictaminada.
Los panistas elaboraron la propuesta con la idea de incidir en el combate de la corrupción y en la disminución del índice que tiene entre los ciudadanos la percepción de que los servidores públicos incurren en prácticas ilegales para enriquecerse mientras están en el cargo.
“De acuerdo con el estudio México: Anatomía de la Corrupción, segunda edición, su autora María Amparo Casar detalló que en 2015 registraron cuatro millones 925 mil 592 actos de corrupción, por un valor total de 906 mil millones de pesos”, argumentaron los promotores.
El decomiso de los bienes de un funcionario o servidor público que sea acusado de enriquecimiento ilegal y que no acredite el origen de éstos, se suma a la obligación que de los políticos a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, agregaron.
En el análisis de la iniciativa, se decidió reformar de manera integral el artículo 280, que en su apartado a las sanciones, incluyó el decomiso de los bienes que no sean acreditados por un servidor acusado de enriquecimiento ilícito.

Siguiente paso. El dictamen de la iniciativa está listo para ser votado por el Pleno, luego de ser presentada en septiembre y tras ser analizada por los legisladores locales

Abogan por la transparencia
El decomiso de los bienes de un funcionario que sea acusado de enriquecimiento ilegal y que no acredite el origen de éstos, se suma a la obligación que de los políticos a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

925 mil 592 actos de corrupción se presentaron en el país durante el año 2015

906 mil mdp es el valor económico de todos los actos que fueron denunciados

Artículo 280
del Código Penal del Estado es el que se pretende reformar

 

Por: ANTONIETA SÁNCHEZ
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