Fueron tantas, que el número se perdió en la desmemoria del tiempo. En Cuautla, activistas sociales calcularon docenas de víctimas; pero también las hubo en Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec y en otros municipios. Los secuestradores no tenían límites ni fronteras. Agarraban a empresarios, a comerciantes, a sus hijos, a sus esposas. Algunos sufrieron la misma experiencia más de una vez, amarga, angustiosa, traumática tanto para los plagiados como para sus familias. No hubo gente en la capital y en muchas poblaciones que no estuvieron enteradas de un secuestro de primera mano, de amigos, conocidos o familiares. Los nombres se repetían “en corto” o a voz en cuello, descritas las circunstancias de los plagios y no pocas veces los lugares y las fechas de los pagos de los rescates por parte de hermanos, primos, hijos o padres de mujeres u hombres secuestrados. Las utilidades de aquella industria del secuestro fueron multimillonarias, y los sospechosos, mandos policíacos coludidos con bandas criminales que operaban desde la Procuraduría General de Justicia. La sospecha social no se equivocó; su confirmación fue noticia nacional e internacional. De acuerdo a la versión oficial, el mediodía del 28 de enero de 1998 Armando Martínez Salgado, el jefe operativo de la Policía Judicial (PJ), era asegurado por oficiales de la Policía Federal de Caminos en la autopista Cuernavaca-Iguala, cerca del poblado El Platanillo. Acompañado de tres agentes a sus órdenes, oculto en el reducido espacio de entre la parte trasera del asiento y la lámina de la caseta, trasladaban el cadáver de un secuestrador llamado Jorge Nava Avilés y apodado “La Mole”. El cuerpo mostraba huellas de tortura, y los judiciales habían parado ahí para darle el clásico “carreterazo”. La Procuraduría General de la República los acusó de estar asociados con bandas de secuestradores, así que fueron recluidos en el penal federal de máxima seguridad de Almoloya. Renunciaron el procurador de justicia, Carlos Peredo Merlo, y el director de la PJ, Jesús Miyazawa Álvarez, pero por influencias políticas no fueron encarcelados. Tres meses después, cayó de la gubernatura el priista Jorge Carrillo Olea, empujado por una marcha de la sociedad civil contra él mismo en la que destacó el activismo político del entonces coordinador de los diputados federales del Partido Socialista de los Trabajadores y catorce años después gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu. Electo un año más tarde presidente municipal de Yautepec el priista Humberto Segura Guerrero, su secuestro, el 19 de abril anterior, corrió la tarde de ese día como reguero de pólvora en las redes sociales. Los mensajes alertaron: “Beto” Segura fue secuestrado, confirmado luego de 24 horas por la Fiscalía General del Estado que había sido privado de la libertad en la calle Laureles de la colonia El Rocío, de Yautepec. Otros sucesos políticos, sociales y de la nota roja dejaron este caso de lado en la mente colectiva, hasta que la tarde de anteayer se le supo liberado, comunicada la buena nueva en una rueda de prensa por Adriana Pineda Fernández, titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) dependiente de la fiscal Javier Pérez Durón. Precisó: trabajos de Inteligencia del Grupo Fusión lo ubicaron en una casa de seguridad de la colonia Cerritos, de Cuautla, donde cuatro de los presuntos secuestradores fueron asegurados, tres de ellos originarios del estado de Guerrero y uno de Tepoztlán. Realizado el operativo sin disparos de arma de fuego, el también ex diputado Segura fue rescatado sano y salvo. Mientras tanto, en otro operativo elementos de la UECS aseguraban en Jiutepec a uno de dos sujetos cuando escapaban a bordo de un taxi. El apresado llevaba el rescate por el secuestro de un hombre a quien habían secuestrado el 3 de este mes, lo mantenían encerrado en un domicilio de la colonia Alanís e igualmente fue liberado por los agentes policiacos. A las y los que lleguen a ser víctimas del flagelo del secuestro, Humberto Segura les aconsejó que denuncien. Dijo: “Pedirles a quienes estén pasando por esta situación que nunca dejen de denunciar, que confíen en la Unidad Antisecuestros (…) Gracias a quienes se preocuparon por mí, gracias, señor Gobernador”. Y la conclusión, que merced a denuncias han sido detenidas 672 personas por el delito de secuestro, lo cual no sucedía en aquella época negra del secuestro 1994-98…ME LEEN EL DOMINGO.

Por: José Manuel Pérez Durán / [email protected]

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