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La falta de rendición de cuentas del Congreso del Estado es algo que no pueden evitar los legisladores por más cuento que le haga Beatriz Vicera. ¿Con qué va a rendir un informe?, si bien saben que no pueden rendir cuentas, ya que el dinero “desaparecido” en la pasada administración en realidad no desapareció, sino que se lo repartieron las diferentes fracciones parlamentarias de acuerdo con su comportamiento, según lo que el “príncipe” local decidió de manera personal.

Mire usted, tienen muy poca vergüenza los diputados actuales, que no se mandan solos, pues los maneja el “príncipe”, que es quien tiene la Tesorería del Congreso y es quien reparte el dinero a su gusto.
El entonces presidente de la Mesa Directiva -desde luego que por lambiscón-  investigó llamando a la tesorera para saber cuánto había en las arcas: 60 millones, y de inmediato se reunió con el “príncipe” para decidir cómo repartir ese dinero; de esa manera desapareció el dinero que el año pasado le sobraba al Congreso del Estado.
Desde luego, la discrecionalidad de la repartición tuvo el acuerdo de los grupos parlamentarios; ya algunos de los ahora dizque perredistas se habían cambiado de partido, pero otros empezaron a verse en la inopia, por lo que -de inmediato- se movieron por la lana y ahora son los más serviles del grupo. Por eso no pueden transparentar el gasto de los recursos, porque no hay justificación alguna para la salida del dinero.
Por eso, morelenses, estemos pendientes de quiénes son los agachados, como diría mi amigo Rius, los que sirven al poder sin la más mínima decencia, entregados en cuerpo y alma; la prueba es que la plurinominal le volvió la espalda a su partido por el que llegó sin hacer campaña. El otro dizque trabajador “con grandes principios” se vendió como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y también se cambió de partido; y así más de uno lo han hecho sin el mínimo pudor, por eso debemos estar atentos los ciudadanos y no irnos con la finta de los regalos que llevan a colonias y escuelas. Se visten de oveja los lobos. Abusados, paisanos, no podemos seguir creyendo en esta serie de diputados que se venden al mejor postor sin importarles nosotros, a quienes supuestamente representan.
Les guste o no a los diputados, ahora tendremos en menos de un año la oportunidad de votar y esa es nuestra fuerza. Fíjese nada más en lo que hicieron a miles de ciudadanos que pedimos que se socializara la Ley de Participación Ciudadana; miles firmamos la petición y lo único que hicieron fue un simulacro y le dieron para adelante sin importarles lo que nosotros pensamos. Sólo hacen lo que les ordena el susodicho “príncipe” que les reparte el dinero. Bueno, son tan cínicos que los manda uno que ni diputado es. ¡Qué vergüenza!, por eso, ésta es llamada la legislatura de la entrega y del billete.
Mire usted, todo aprueban y ayer nos enteramos de que el Ejecutivo ya va a acabar con el patrimonio del estado: venderá el Hotel Mandel, que hace 40 años se adaptó para tener la Procuraduría de Justicia en un edificio y la Dirección de Policía y Tránsito ahora ya no está ahí pues paga renta en un buen edificio, donde seguirá pagando cuando ya tenía edificio propio.
El Poder Ejecutivo alista la venta de tres inmuebles con un valor de casi 86 millones de pesos, tras la publicación y vigencia de los decretos que autorizan su desincorporación como bienes de dominio público.
De acuerdo con el decreto 1201, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 16 de julio, el Poder Ejecutivo pondrá a la venta el primero de esos inmuebles.
La justificación es que el predio, y sus construcciones, ya no son de utilidad pública, pues, según dictámenes estructurales fechados el 29 de mayo de 2015 y 25 de enero de 2016, la Subsecretaría de Infraestructura de Obras, corresponsable en Seguridad Estructural de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal, determinó que el edificio que ocupaba la Secretaría de Movilidad y Transporte debía ser demolido “dado el grado de equilibrio inestable en el que se encuentra”, mientras que las instalaciones de la Fiscalía General del Estado “se encuentran al límite de su vida útil, además de invadir y dañar zona federal”; o lo que es lo mismo, hay que pagar renta de un nuevo local. Y sería interesante saber quién es el dueño que tendrá renta de por vida.
Dada la supuesta “inutilidad del inmueble de mérito para el servicio público” se vende más barato; su superficie fue calculada en 11,444.00 metros cuadrados, se estableció un valor comercial de venta de 76, 244, 449 pesos y, de acuerdo con el artículo quinto transitorio del decreto, los recursos, derivados de la enajenación del inmueble, deberán ser destinados, invariablemente, a la Fiscalía General del Estado y su nueva sede.
De igual forma, en el decreto 1202 se determinó la desincorporación de dos predios propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se ubicaba el Centro de Atención al Menor, y que, por situarse al filo del ahora Paso Exprés, serán vendidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¡Qué tal!

Por Teodoro Lavín León

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