En recientes fechas hemos sido de testigos de hechos especialmente violentos contra las mujeres, que han provocado una profunda indignación en nuestro país. Uno de ellos fue el caso de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva en un parque de Zapopan, Jalisco. Otro caso fue el de Margarita Ceceña Martínez, vecina del poblado de El Hospital, en el municipio de Cuautla. Ella falleció a causa de las quemaduras que sufrió durante una agresión de sus propios familiares, en un local comercial. En una nota periodística del portal de Animal Político, se menciona que entre enero y junio de este año, al menos 47 mujeres fueron quemadas de manera intencional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.  

Hay muchos casos más que muestran que la violencia contra la mujer no solo es un problema generalizado, sino que cada vez se comete con mayor crueldad. Tan solo recordemos el caso de la saxofonista quemada con ácido en Oaxaca. Sería importante contar con un buen diagnóstico de los factores que motivan estos brutales actos, que incluya los efectos del encierro provocado por la pandemia de COVID-19, las redes sociales, la pérdida de valores, la precariedad económica e incluso la mayor independencia y autosuficiencia de las mujeres. Estos eventos han expuesto la descomposición social y la vulnerabilidad de un grupo social que debe ser protegido por la comunidad y sus autoridades.  

Mientras tanto, es responsabilidad de las autoridades cumplir con sus responsabilidades. En Morelos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé cuatro ejes de acción: prevención, atención, sanción y erradicación. Estos ejes involucran al poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como a órganos autónomos como la Fiscalía General y el Instituto de la Mujer. Es decir, para atender el tema de violencia contra la mujer se requiere de un enfoque transversal, que en la legislación se contempla como Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es un órgano colegiado que articula las competencias de las diferentes autoridades estatales. El sistema es un espejo del que opera a nivel nacional, y también busca replicarse en el ámbito municipal.

A pesar de la clara distribución de competencias en cada uno de los ejes de acción, la implementación de políticas efectivas ha dejado mucho que desear, por varias razones, pero principalmente por falta de voluntad política. Tan solo por poner un ejemplo, el Congreso ha sido incapaz de designar a la Presidenta del Instituto de la Mujer, posición que está vacante desde septiembre de 2021. Si las autoridades no pueden resolver temas tan básicos, que nos podemos esperar de políticas más complejas y costosas. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil han sido relativamente exitosas en poner sobre la mesa los temas importantes para la agenda de género, desafortunadamente sus movimientos se empiezan a contaminar con políticos que solo buscan sacar provecho personal. Esperemos que todos los actores políticos y sociales estén a la altura de las circunstancias, de lo contrario, nuestras madres, hermanas e hijas seguirán siendo víctimas de ataques dignos de una barbarie.

Por: Cristian Campos Contreras / ccamposcontreras@yahoo.com.mx


Las opiniones vertidas en este espacio son exclusiva responsabilidad del autor y no representan, necesariamente, la política editorial de Grupo Diario de Morelos.


Cumple los criterios de The Trust Project

Saber más

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado