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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otras instituciones emprenderán acciones para evitar que los datos de los sistemas financieros sean usados para cometer delitos, y buscarán sanciones para los responsables.
Ante el incremento de prácticas ilegales de suplantación o usurpación de identidad de usuarios de servicios financieros, el INAI trabaja en la búsqueda de soluciones para terminar con este problema que se está presentado en todo el país.
En conjunto con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicios de Administración Tributaria, el Instituto Nacional Electoral y la Asociación de Bancos de México, emitirán las bases de colaboración en materia de suplantación o usurpación de identidad.
Areli Cano, comisionada del INAI, señaló que en la actualidad el reto que se tiene es crear conciencia entre la población sobre los datos personales y el uso correcto que se les da, por ello constantemente realizan conferencias sobre recomendaciones preventivas para evitar el robo de identidad.
En entrevista telefónica comentó que como parte del acuerdo que se firmó entre el  INAI y otras instituciones se difundirán medidas preventivas y correctivas para evitar que las personas sean víctimas de delitos antes mencionados.
“La idea es que se oriente a quienes  se encuentren en una presunta suplantación de o usurpación de identidad para que se inicie un procedimiento ante la Condusef y se presente la denuncia ante la autoridad ministerial”, dijo.
Destacó que si la situación en la que se encuentra la persona tiene un impacto fiscal se la Comisión Nacional de Valores y la Condusef informarán al SAT.
“Una vez que un delincuente accede a datos personales puede aperturar cuentas bancarias, autorizar créditos, recibir depósitos bancarios y varias acciones más que colocan  al individuo en una posición de riesgo que tiene consecuencias negativas en los ámbitos fiscal, financiero, mercantil 
y penal”, aseguró.