La jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, ha dictado auto de formal prisión contra los 8 militares reaprehendidos en relación con el caso Ayotzinapa. Se les acusa de participación en el delito de delincuencia organizada, tras determinarse que existen pruebas suficientes respaldadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
El proceso judicial avanza luego de que la defensa agotara el plazo constitucional de 172 horas sin presentar argumentos que invalidaran las pruebas presentadas por la FGR. Testimonios protegidos, identificados como "Carla" y "Neto", vinculan a los militares con sobornos provenientes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Los militares en cuestión permanecerán bajo custodia en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, según lo ordenado por la jueza.
La defensa de los militares ha anunciado que impugnará la resolución de la jueza, denunciando irregularidades en el proceso judicial. Acusan a funcionarios, incluyendo al exsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, y al fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, de manipulación en la presentación de pruebas.
César Omar González, uno de los abogados de los militares, ha adelantado que interpondrán un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, argumentando que la jueza "compró las falsedades" presentadas por la FGR y sus testigos protegidos.
En medio de estas acciones legales, el caso Ayotzinapa continúa generando controversia y tensiones tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.