Al inicio de la LIII Legislatura, el diputado por Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, hizo suya la iniciativa de reforma del Poder Ejecutivo a la Ley del Servicio Civil, que planteaba modificaciones al sistema de pensiones de los tres poderes de gobierno y los municipios.
La enmienda proponía que los burócratas dejarán de recibir una pensión a cargo de los poderes señalados, y se conformaran, igual que los trabajadores de la iniciativa privada, a obtener sólo una pensión de las instituciones de seguridad social, IMSS o ISSSTE.
Aunque el proyecto dejaba a salvo el derecho creado de los trabajadores en activo a pensionarse, provocó incertidumbre e inconformidad entre empleados sindicalizados, principalmente, quienes al cobijo de sus agrupaciones gremiales, se movilizaron durante meses hasta que lograron que los diputados dictaminaran en negativo la iniciativa y ésta fuera desechada.
A partir de entonces, y ante el temor por la propuesta, que pretendía poner un freno al aumento de las nóminas que actualmente pagan los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y los gobiernos municipales, decenas de trabajadores que acumulaban años de servicio se apresuraron a ejercer su derecho a obtener una pensión vitalicia.
El fenómeno no fue exclusivo del Poder Legislativo, pero sí fue en el que, se presume, que más irregularidades se cometieron en las solicitudes de pensión que la pasada Legislatura otorgó.
Entre 2012-2018
219%
creció la nómina
394%
aumentó el costo mensual
En 2019
$120 mil
al mes mínimo pagan por 3 jubilaciones
17
personas reciben entre 30 y 40 mil
Por Antonieta Sánchez